Escribe: Jhon Smith

El congresista José Cueto, perteneciente a la bancada de Honor y Democracia, ha expresado su respaldo a la reapertura de la prisión de máxima seguridad El Frontón, proponiendo que se financie con fondos privados en lugar de recursos públicos. Según sus declaraciones en el Congreso, Cueto entiende que el ministro del Interior ha asegurado que no se utilizarán dineros estatales para este proyecto, y lo describe como una «súper cárcel» destinada a reclusos de alto riesgo, comparándola incluso con Alcatraz al decir: «Si quieren hacer un Alcatraz II, bienvenidos». Esta iniciativa forma parte de un plan más amplio de reforma penitenciaria en Perú, impulsado por el Ejecutivo, para abordar problemas de infraestructura carcelaria y seguridad, especialmente en un contexto donde el país ha enfrentado desafíos con el hacinamiento y la gestión de presos peligrosos.

Por otro lado, Cueto ha lanzado duras críticas contra la fiscal de la Nación, a quien acusa de no respetar los límites institucionales y de estar involucrada en una supuesta persecución por parte del Ministerio Público. En sus palabras, «el colmo es que ya no podemos ni tomar un café porque somos parte de una acción criminal», refiriéndose a investigaciones que involucran a parlamentarios y que él percibe como un abuso de poder. Afirma que la fiscal está «totalmente equivocada» en su accionar y lamenta que, si dependiera de él, ya se habría tratado en el pleno del Congreso una denuncia constitucional en su contra esta misma semana. Estas declaraciones reflejan las tensiones persistentes entre el Poder Legislativo y el Judicial en Perú, agravadas por un historial de escándalos de corrupción que han llevado a la cárcel a cinco expresidentes desde 2020, según reportes internacionales.

Este episodio se enmarca en un panorama político inestable en el país, donde las disputas institucionales han sido recurrentes, incluyendo conflictos por investigaciones a funcionarios públicos acusados de organización criminal. La posición de Cueto no solo resalta la necesidad de reformas en el sistema penitenciario, posiblemente con apoyo internacional o privado, sino que también subraya las fricciones entre ramas del gobierno, lo que podría influir en futuras decisiones legislativas sobre el control y la autonomía del Ministerio Público.

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