DELIA ESPINOZA BAJO FUEGO SE LE ACUSA DE USURPAR EL CARGO DE FISCAL EN DESACATO A LA JNJ..!!!!
Escribe: Jhon Smith
Delia Espinoza Valenzuela, actual fiscal de la Nación en Perú, enfrenta una tormenta de críticas y acusaciones que han puesto su liderazgo en el Ministerio Público bajo un intenso escrutinio. Se le señala por presunta usurpación del cargo de fiscal, en un contexto de creciente tensión institucional tras el intento de Patricia Benavides, su antecesora, de retomar la titularidad del Ministerio Público con el respaldo de una resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Espinoza, quien asumió el cargo el 18 de octubre de 2024 tras ser elegida por la Junta de Fiscales Supremos, ha calificado este movimiento como un “golpe a la democracia” y ha defendido su legitimidad, argumentando que su designación fue constitucional y que la acción de Benavides amenaza la estabilidad del sistema democrático peruano.
La controversia se intensificó el 16 de junio de 2025, cuando Benavides intentó ingresar a la sede principal del Ministerio Público, en un aparente esfuerzo por recuperar su despacho. Según reportes, Espinoza, presente en el lugar, encabezó una vigilia junto a fiscales y trabajadores en defensa de la institucionalidad, subrayando su compromiso con la legalidad y la Constitución. En un video dirigido a la ciudadanía y la comunidad internacional, Espinoza afirmó: “Se pretende sacarme por la fuerza del cargo al que fui constitucionalmente elegida”, alertando sobre un posible atentado contra el estado de derecho. Este episodio ha generado una polarización significativa, con sectores que respaldan a Espinoza y otros que exigen su destitución.
Por un lado, las acusaciones contra Espinoza incluyen denuncias de desacato a la autoridad de la JNJ, que dispuso la reincorporación de Benavides tras declarar nulo un proceso disciplinario en su contra. Algunos posts en redes sociales, como los compartidos por usuarios en la plataforma X, han calificado la permanencia de Espinoza como un acto de rebeldía contra la JNJ, exigiendo su remoción inmediata. Además, se le ha cuestionado por presuntas irregularidades previas, como no reportar plazas vacantes en el Ministerio Público, lo que habría permitido reservar cargos para fiscales cercanos a su entorno, según críticas difundidas en mayo de 2025. Estas acusaciones han sido acompañadas por denuncias constitucionales, como la presentada en marzo de 2024 por un grupo de parlamentarios, quienes la señalaron por abuso de autoridad, prevaricato y usurpación de funciones tras citar a 14 legisladores en una investigación.
Por otro lado, Espinoza ha tomado medidas legales para contrarrestar la ofensiva. El 11 de junio de 2025, solicitó una suspensión de 36 meses contra Benavides, argumentando que su retorno al cargo pondría en riesgo investigaciones clave, incluyendo una vinculada a la red de Los Cuellos Blancos del Puerto. Esta solicitud será evaluada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria el 24 de junio. Asimismo, Espinoza interpuso un hábeas corpus contra la Policía Nacional del Perú, alegando una posible instrumentalización indebida en el contexto de la disputa con Benavides. Sus defensores destacan que la Junta de Fiscales Supremos, que la eligió para el periodo 2024-2027, no ha designado una nueva titularidad, lo que legitima su permanencia.
El enfrentamiento ha desatado un debate sobre la autonomía del Ministerio Público y la influencia de la JNJ en la designación de sus autoridades. Mientras algunos sectores consideran que Espinoza está defendiendo la institucionalidad frente a un intento de desestabilización, otros la acusan de aferrarse al poder en desafío a decisiones legítimas de la JNJ. La situación se complica por el historial de tensiones entre Espinoza y el Congreso, donde ha sido criticada por no acudir a citaciones de la Comisión de Justicia para rendir cuentas sobre temas como el asesinato de 13 personas en Pataz o la desactivación de fiscalías antiterrorismo. Estas ausencias han alimentado la percepción de una gestión opaca, aunque Espinoza ha argumentado que sus decisiones están enmarcadas en la legalidad.
En medio de esta crisis, el Ministerio Público se encuentra en una encrucijada que podría tener repercusiones en la confianza pública hacia el sistema de justicia peruano. La resolución de este conflicto, ya sea a través de decisiones judiciales o de la acción de la JNJ, será crucial para definir el rumbo de la institución y la estabilidad del marco democrático del país
