El pasado viernes 21 de marzo de 2025, las calles de Perú, con especial énfasis en Lima, se convirtieron en un escenario vibrante y cargado de emociones durante una marcha masiva que buscó alzar un grito colectivo contra la creciente ola de inseguridad ciudadana que azota al país. Esta movilización, que se erigió como un hito dentro de una semana marcada por el clamor popular, no solo congregó a miles de personas, sino que también puso de manifiesto tanto las fortalezas de la ciudadanía organizada como las debilidades que aún persisten en este tipo de expresiones sociales. A continuación, se desglosan los puntos positivos y negativos de este evento, que no pasó desapercibido en la lucha por un Perú más seguro.

Uno de los aspectos más destacados y positivos fue la impresionante capacidad de convocatoria que mostró la marcha del 21 de marzo. Desde las primeras horas de la tarde, ciudadanos de todas las edades y procedencias obreros, estudiantes, amas de casa, artistas y representantes de gremios se unieron en un frente común, demostrando que la inseguridad es un problema que trasciende clases sociales y une a la población en una causa compartida.

La participación de figuras públicas, como músicos y actores que se sumaron al coro de voces, amplificó el mensaje, especialmente tras el impacto del asesinato de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, un caso que ha encendido las alarmas sobre la violencia descontrolada.

El tono pacífico que predominó durante gran parte de la jornada fue otro punto a favor, permitiendo que las pancartas con mensajes como “Queremos vivir sin miedo” y “Justicia para todos” se alzaran como símbolos de una protesta clara y contundente, sin caer en el caos que a veces desvirtúa estas iniciativas.

Además, la marcha logró generar un eco mediático significativo. Las imágenes de avenidas abarrotadas y los cánticos resonando en el corazón de la capital fueron retransmitidos por canales locales e internacionales, llevando el reclamo peruano más allá de sus fronteras. Este alcance no solo visibilizó la problemática, sino que también presionó indirectamente a las autoridades a tomar en cuenta la magnitud del descontento. La creatividad de los manifestantes, con performances artísticas y la quema simbólica de listas de promesas incumplidas, añadió un toque de dramatismo que enriqueció el mensaje y mantuvo la atención pública.

Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Entre los puntos negativos, sobresalió la decepcionante falta de respuesta inmediata por parte del gobierno. Aunque la marcha congregó a decenas de miles de personas, las autoridades se limitaron a declaraciones genéricas sobre “evaluar medidas” sin comprometerse a acciones concretas, lo que dejó a los participantes con una sensación de vacío tras horas de esfuerzo bajo el sol limeño. Esta pasividad oficial alimentó la frustración de muchos, quienes esperaban al menos un gesto simbólico que diera esperanza de cambio.

Otro inconveniente fue la organización logística, que mostró fisuras preocupantes. En puntos clave como el Centro de Lima, la falta de coordinación entre los organizadores y las fuerzas policiales derivó en enfrentamientos menores, bloqueos de calles y confusión entre los asistentes. Algunos manifestantes reportaron haber quedado atrapados en callejones durante más de una hora, lo que restó fluidez al evento y generó críticas hacia los líderes de la protesta.

A esto se sumó un problema adicional la polarización que comenzó a surgir entre los propios manifestantes. Mientras algunos abogaban por mantener la marcha como un acto pacífico y simbólico, otros sectores más radicales intentaron desviar la ruta hacia el Congreso o Palacio de Gobierno, lo que provocó tensiones internas y diluyó la cohesión del mensaje en ciertos momentos. Este tipo de desencuentros, aunque no llegaron a descarrilar la protesta, dejaron en evidencia la dificultad de mantener un frente unido en movimientos tan masivos y diversos.

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