LA POLICIA MUNICIPAL: ¿POLICIA PARALELA A FAVOR O CONTRA LA DELINCUENCIA?

Escribe : Tnte Gral PNP ® Edgardo GARRIDO LOPEZ

Ex Sub Comandante General de la PNP.

Necesitamos un Poder Ejecutivo con la autoridad y fuerza necesaria para poner
el orden, que tenga la decisión política de repotenciar, empoderar y generar las
condiciones en la PNP para combatir la inseguridad ciudadana y la criminalidad.

Los últimos gobiernos, ante el desborde de la criminalidad o caos social no han tenido
mejor idea que responsabilizar a la Policía y disponer su reorganización, reestructuración, refundación, modernización, etc.; lejos de mejorar la situación esta empeora cada vez más.

Hoy tenemos a Congresistas y autoridades ediles que por
desesperación y sin conocer el tema plantean la creación de la POLICIA MUNICIPAL
(PM), como una medida frente a la inseguridad y los elevados niveles de criminalidad.
Oportunamente la propia PNP, durante el gobierno de Martin Vizcarra presentó el
“PLAN ESTRATÉGICO DE CAPACIDADES DE LA PNP AL 2030 MARIANO
SANTOS MATEOS MS-30” en donde establecía las brechas, falencias y el horizonte
de trabajo para construir las capacidades que necesita la PNP para enfrentar los
nuevos desafíos y la criminalidad; sin embargo hasta el momento no se han destinado
los recursos ni existe la decisión política de fortalecerla y empoderarla; sabiendo que
es una de las instituciones que respalda la consolidación de un Estado Democrático,
pues por mandato constitucional previene, investiga y combate el delito, garantiza el
orden interno y la paz social, para lo cual está autorizada conjuntamente con las FFAA
para poseer y usar armas de guerra, conforme a los Arts.166 y 175 de nuestra carta
magna, y su actuación se enmarca en la Ley de la PNP D. Leg. 1267 y por el D. Leg.
N° 1186, que regula el uso de la fuerza durante su desempeño funcional, como tal es
la única institución facultada para cautelar y mantener la paz y el orden.
Recientemente se pretende crear la PM, con el fin de colaborar en el orden público, la
seguridad ciudadana, control del tránsito y combate a la delincuencia común (delitos
menores), entre otras. Debemos recordar que este proyecto requiere modificar la
Constitución, ya que proponen una policía paralela con atribuciones de la PNP, el uso
de armas de fuego, una formación de 3 años aprox, sin establecer el régimen laboral
y sin asegurar la continuidad en la formación y permanencia en el cargo de PM y sin
definir quien asumiría la responsabilidad penal y civil ante una fallida intervención,
entre otras falencias.
Existen antecedentes de la PM, en países Federales como EEUU, Canadá, Inglaterra,
etc. donde se han dado buenos resultados por su sistema de justicia. Si analizamos
las experiencias en Latinoamérica, como México y países de Centro América, estas
no han sido las esperadas, por tratarse de realidades y culturas distintas con un débil
sistema de justicia; por el contrario, la criminalidad se incrementó, se dispersó la
competencia policial, y el crimen organizado tomo los gobiernos locales.
La creación de la PM no solo generaría una policía paralela, sino también la
fragmentaria y atomizaría en pequeños cuerpos policiacos controlados por
autoridades ediles de diferente tendencia ideológica, filoterroristas, por economías
ilegales u organizaciones criminales que presuntamente financian campañas
electorales, para someter a las autoridades. No olvidemos que el golpista Pedro
Castillo trató de tomar a la PNP y FFAA, con su manoseo político y el manejo de los
ascensos; él usó y controló las Rondas Campesinas y los Comités de Autodefensa;
designó a Prefectos y Subprefectos vinculados al MOVADEF, que a la postre
organizaron y dirigieron las marchas violentas a su favor, pretendiendo hoy ser las
víctimas.
Por lo que considero que hoy no estamos para experimentos ni propuestas
antojadizas. Tenemos una PNP que requiere ser repotenciada y empoderada con
presupuesto, recursos, inteligencia, equipamiento operativo y tecnología que
permita ejecutar los planes, estrategias y acciones contra la inseguridad y
criminalidad; brindarle respaldo político y jurídico a través de normas de
protección legal.