RAÚL PÉREZ REYES ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA EL PENAL EL FRONTÓN EN MARCHA..!!!
Escribe: Jhon Smith
El pasado 31 de agosto, la presidenta Dina Boluarte sorprendió al realizar una inspección en la isla de El Frontón, un lugar emblemático en la historia penitenciaria de Perú, donde se evalúa la posibilidad de construir un nuevo penal para enfrentar la alarmante crisis de hacinamiento en el sistema carcelario. Este movimiento, que generó reacciones mixtas, se alinea con los recientes anuncios del ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, quien confirmó que se está preparando un estudio de viabilidad para este proyecto, inicialmente declarado inviable en 2023 por ProInversión debido a deficiencias en infraestructura y sostenibilidad económica. La iniciativa, que podría requerir una inversión de aproximadamente 180 millones de dólares, busca ser financiada mediante el mecanismo de obras por impuestos, una estrategia que delega la responsabilidad a actores privados mientras el gobierno prioriza un presupuesto austero para 2026.
El hacinamiento en las prisiones peruanas es un problema crónico que ha alcanzado niveles críticos. Según datos del Informe Mundial sobre Drogas de la UNODC de 2023, la población penitenciaria del país supera en más del 130% su capacidad diseñada, una situación que ha llevado a condiciones inhumanas y frecuentes disturbios. En este contexto, la reapertura de El Frontón un sitio cerrado desde los violentos enfrentamientos de 1986 se presenta como una opción para aliviar la presión, aunque no exenta de controversias. Durante su visita, Boluarte consultó con técnicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) sobre los plazos para elaborar el expediente técnico y ejecutar la demolición del antiguo recinto, un paso previo a cualquier construcción. Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar, especialmente tras estimaciones que sugieren que con el costo de un solo penal en El Frontón se podrían construir hasta diez instalaciones de similar envergadura en tierra firme, capaces de albergar a 4,000 internos cada una.
Raúl Pérez Reyes, en declaraciones recogidas por Canal N, aclaró que el proyecto no está incluido en el presupuesto público de 2026, aprobado con un crecimiento del 2.3%, el más bajo en 17 años. Esta decisión refleja una estrategia fiscal cautelosa que privilegia la continuidad de obras existentes sobre nuevas iniciativas, al tiempo que destina incrementos salariales a sectores como maestros, médicos, policías y militares. El ministro enfatizó que el financiamiento del penal dependerá de la viabilidad técnica y económica que arrojen los estudios en curso, los cuales buscan superar las objeciones planteadas por ProInversión el año pasado. “Lo que se está haciendo es el estudio de viabilidad para poder determinar eso”, indicó, subrayando que la ejecución será progresiva y sujeta a un análisis de costo-beneficio riguroso.
El modelo de obras por impuestos, que implica la participación de empresas privadas a cambio de beneficios tributarios, ha sido presentado como una solución innovadora para infraestructura pública en Perú, un país que en las últimas décadas ha duplicado la red vial pavimentada gracias a asociaciones público-privadas. Sin embargo, la exclusión del proyecto del presupuesto oficial ha generado escepticismo. Algunos analistas, como los que se expresan en redes como X, cuestionan si esta dependencia del sector privado no comprometerá la transparencia o la prioridad del Estado en resolver una crisis humanitaria. Un usuario de la plataforma, Conciencia de Perú, calculó que los 500 millones de soles estimados para la ejecución —sumando costos operativos como alimentación, transporte y servicios— podrían resultar en un despilfarro, especialmente si el proyecto no aborda las raíces del problema penitenciario, como la sobrepoblación por políticas de justicia severas.
