CERRÓN NO LOGRA ARCHIVAR CASO: JUEZ RECHAZA DEMANDA DEL EXGOBERNADOR…!!!

Un juez de la Corte Superior de Junín rechazó la petición de Vladimir Cerrón, exgobernador prófugo acusado de corrupción, para archivar el proceso judicial en su contra por colusión agravada durante su gestión. Cerrón seguirá enfrentando el proceso, en el que se le pide una pena de 9 años de prisión efectiva.

El Ministerio Público acusa al exfuncionario de utilizar policías para su custodia personal después de ganar las elecciones regionales en 2018 y de recibir bonificaciones ilegales a cambio. Seis policías, entre ellos Yrineo Perales López, Edwin Mamani Cáceres y Carlos Zárate Villalobos, habrían recibido S/35.000 en bonificaciones entre enero y diciembre de 2019. Como consecuencia, la fiscalía solicita una condena efectiva, una indemnización de más de S/4.000 y la inhabilitación del exgobernador para ejercer cargos públicos por diez años.

Ante la proximidad del aniversario de la fuga del exgobernador de Junín, Cerrón Rojas, el Ministerio Público y el Congreso de la República están intensificando sus investigaciones sobre su fuga y las posibles ayudas que recibió. El Ministerio del Interior ha aumentado la recompensa por su captura, pero hasta ahora no se ha producido ninguna detención. En una audiencia reciente, el fiscal y el juez denunciaron intentos de los acusados por retrasar el proceso judicial, que se encuentra a punto de emitir un auto de enjuiciamiento.

La defensa de Vladimir Cerrón solicitó el archivo del proceso, argumentando que no se puede determinar una fecha exacta del presunto delito y que la concertación ilícita habría ocurrido cuando Cerrón no tenía un cargo público. Según su abogado, la designación de los custodios policiales se realizó el 30 de diciembre de 2018, antes de que Cerrón asumiera su cargo, lo que contradice la acusación del Ministerio Público de que la concertación ilícita ocurrió en los primeros días de 2019.

El abogado de Cerrón solicitó el sobreseimiento del caso, arguyendo que la Policía le había asignado seguridad antes de enero de 2019 y que la fiscalía no había demostrado cómo se había llevado a cabo la concertación ilícita. Por otro lado, los efectivos policiales también pidieron el sobreseimiento y solicitaron que el juez se apartara del caso por falta de competencia.

En cuanto a la postura del Ministerio Público, el fiscal Carlos Mera Palomino se manifestó en contra del sobreseimiento, argumentando que los argumentos presentados no correspondían a la acusación formulada. Según la acusación, Cerrón habría intervenido directamente en la contratación ilícita de efectivos policiales en enero de 2019, lo que habría generado un perjuicio patrimonial de S/ 35,000. La modalidad habría sido posible a través de órdenes de servicio de seguridad y resguardo que se habrían emitido de manera ilícita y que habrían servido como vía para llevar a cabo un segundo pago a los efectivos policiales.