LA ADVERTENCIA DEL FISCAL DE LA NACIÓN ROBERTO SÁNCHEZ ENTRE LA CAMPAÑA Y LA CÁRCEL..!!!!!
Escribe: Jhon Smith
Las declaraciones del Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, no son un comentario cualquiera en medio de la campaña. Son una advertencia seria y necesaria si el Poder Judicial condena a Roberto Sánchez con inhabilitación antes o durante el proceso de segunda vuelta, este podría enfrentar serios impedimentos para juramentar como presidente de la República, incluso si resulta electo en las urnas.
En un país donde la desconfianza hacia las instituciones es crónica, este escenario genera más preguntas que respuestas. ¿Estamos ante el legítimo funcionamiento del Estado de Derecho o ante un mecanismo que, voluntaria o involuntariamente, puede alterar el resultado de una elección presidencial? La respuesta no es sencilla, pero merece un debate sin eufemismos.
Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, enfrenta una acusación fiscal por presuntos delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información relacionados con los aportes partidarios de los años 2020 y 2021. La Fiscalía pide más de cinco años de prisión e inhabilitación. Mientras el proceso esté en trámite, Gálvez es claro rige la presunción de inocencia y Sánchez puede seguir haciendo campaña con normalidad. Hasta ahí, todo dentro del marco legal.
Sin embargo, el “pero” es gigantesco. Una sentencia condenatoria con inhabilitación antes del 28 de julio cambiaría radicalmente el panorama. ¿Qué ocurriría si Sánchez gana la segunda vuelta y luego es inhabilitado? ¿Se convocaría a nueva elección? ¿Asumiría el vicepresidente o el presidente del Congreso? ¿Se generaría un vacío de poder que profundice la inestabilidad política que ya arrastramos desde hace años?
Esta situación pone en evidencia una falla estructural del sistema peruano: la falta de sincronía entre los calendarios electorales y los procesos judiciales de alto perfil. No es la primera vez que candidatos o figuras políticas relevantes enfrentan investigaciones en plena contienda. Lo preocupante es que, en esta ocasión, el posible ganador de la Presidencia podría quedar impedido de ejercer el cargo por decisión judicial.
Desde una perspectiva democrática, el pueblo tiene el derecho soberano a elegir a sus representantes. Si Sánchez es electo, será porque una mayoría de peruanos, a pesar de conocer las acusaciones en su contra, decidió confiar en su propuesta. Ignorar esa voluntad popular mediante una inhabilitación posterior sería un golpe duro a la legitimidad del sistema. Pero, al mismo tiempo, permitir que alguien condenado por delitos vinculados a la administración de recursos públicos asuma la máxima magistratura enviaría un mensaje devastador sobre la impunidad.
La solución no pasa por presionar a los jueces ni por victimizar a Sánchez. Pasa por exigir celeridad y transparencia en el proceso judicial. Si las pruebas son sólidas, que la sentencia llegue pronto y con todas las garantías. Si no lo son, una absolución oportuna limpiaría su nombre y fortalecería su eventual gobierno. Dilatar artificialmente o acelerar por conveniencia política solo empeoraría la crisis de confianza.
Perú vive un momento de alta polarización. La segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez ya es de por sí un enfrentamiento de estilos y visiones antagónicos. Agregar la incertidumbre jurídica solo alimenta el discurso de que el sistema está amañado desde ambos bandos. Los peruanos merecemos elecciones limpias y un gobierno que pueda gobernar con legitimidad plena desde el primer día.
Gálvez ha hecho bien en advertir las consecuencias. Ahora le toca al Poder Judicial actuar con independencia, celeridad y rigor técnico. Y a los candidatos, a los partidos y a la ciudadanía, prepararse para todos los escenarios posibles. Porque en democracia, el pueblo elige, pero el Estado de Derecho debe poder sostener esa elección sin que se desmorone el edificio institucional.
La pelota está en la cancha de los jueces. Ojalá la devuelvan con justicia, no con política.
