Escribe: Jhon Smith

El 24 y el 31 de marzo de 2026, los peruanos tendremos la oportunidad de ver a los candidatos presidenciales enfrentarse cara a cara en los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones. Temas clave: seguridad ciudadana, lucha contra la criminalidad, educación, innovación, tecnología y empleo. Serán encuentros presenciales, sin trucos virtuales ni sustitutos. Y Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre y candidato oficial del partido, brillará por su ausencia.

No es sorpresa. Desde octubre de 2023, Cerrón es prófugo de la justicia. Una orden de prisión preventiva por presuntos aportes ilícitos de campaña en 2021 lo mantiene en la clandestinidad. Su equipo apostaba todo al Tribunal Constitucional una audiencia el 11 de marzo que supuestamente anularía la prisión preventiva. Pero el proceso se trabó por irregularidades graves, según reconoció la propia presidenta del TC, Luz Pacheco. Trámite sin visado, saltos de procedimiento, investigación interna en marcha. Resultado: el fallo no llegará a tiempo. Fin de la historia. Cerrón no pisa el escenario.

Y aquí viene mi opinión clara y sin rodeos: esta ausencia no es una “injusticia” ni un “fraude”, como ya ha insinuado el propio Cerrón desde su cuenta. Es, simplemente, la consecuencia lógica de pretender ser presidente mientras evades la ley. ¿Cómo puede alguien que se esconde desde hace más de dos años aspirar a liderar un país que exige transparencia, presencia y rendición de cuentas? Los debates no son un capricho mediático; son el momento en que los electores evaluamos carácter, ideas y valentía. Si un candidato no puede ni siquiera presentarse físicamente por temor a ser detenido, ¿qué credibilidad tiene para prometer seguridad ciudadana o empleo digno?

Perú Libre insiste en mantener a Cerrón como su carta presidencial. Es su derecho, pero también su error estratégico más grande. Al nominar a un prófugo, el partido se condena a una campaña fantasma sin mítines masivos, sin prensa libre y ahora sin debates. El mensaje que envía a los votantes es devastador: “Nuestro líder está por encima de la justicia”. Y eso, en un país cansado de impunidad y corrupción, resulta tóxico.

Algunos dirán que el sistema judicial es lento o politizado. Tienen razón en parte; las irregularidades en el TC merecen investigarse a fondo. Pero eso no justifica que un candidato use su propia fuga como excusa. La ley es igual para todos. Si Cerrón cree que su “resistencia legítima” (como él mismo la ha llamado) lo hace digno de la Presidencia, que salga de las sombras, se presente ante la justicia y demuestre su inocencia. Mientras tanto, los peruanos merecemos escuchar propuestas reales de candidatos que sí se atreven a debatir a la luz del día.

La ausencia confirmada de Cerrón no es una pérdida para la democracia. Es un recordatorio necesario, nadie ni siquiera un exgobernador regional con partido propio puede saltarse la ley y pretender dirigir el destino de 34 millones de personas. Los debates seguirán adelante. Y los electores, con una opción menos en el ring, tendrán la oportunidad de elegir con mayor claridad.

Que esta sea la lección: la justicia, aunque lenta, no se detiene. Y tampoco esperará eternamente a quien decide vivir en la clandestinidad.

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