Escribe: Jhon Smith

El Poder Judicial del Perú lleva a cabo este jueves 13 de noviembre de 2025 una audiencia virtual para evaluar el requerimiento de prisión preventiva por 18 meses contra la ex primera ministra Betssy Chávez Chino, quien actualmente se encuentra asilada en la Embajada de México en Lima. La sesión, programada a partir de las 3:00 p.m. Durante la audiencia, se escucharán los argumentos de la Fiscalía Suprema y de la defensa de Chávez antes de que el magistrado emita una resolución.

El pedido de prisión preventiva fue presentado el 5 de noviembre por la fiscal suprema Zoraida Ávalos Rivera, titular de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos. La fiscal argumenta que Chávez ha incumplido sistemáticamente las reglas de conducta impuestas tras su liberación en septiembre de este año, luego de que el Tribunal Constitucional anulara una prisión preventiva anterior de 18 meses. Específicamente, se le acusa de no asistir a tres controles biométricos obligatorios programados para el 29 de septiembre, el 27 de octubre y el 3 de noviembre, así como de faltar a cuatro sesiones del juicio oral en curso. Estos incumplimientos, según la Fiscalía, demuestran un riesgo de fuga y obstaculización de la justicia, agravado por su decisión de buscar asilo político en la embajada mexicana a inicios de noviembre.

Betssy Chávez enfrenta un proceso penal por su presunta participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo Terrones. En este caso, conocido como el ‘golpe de Estado’, Chávez es procesada como presunta coautora del delito de rebelión en agravio del Estado, junto a Castillo, el ex primer ministro Aníbal Torres, el exministro del Interior Willy Huerta Olivas.

Tras su excarcelación por orden del Tribunal Constitucional, a Chávez se le impusieron medidas de comparecencia con restricciones, que incluían no ausentarse de Lima sin autorización judicial, presentarse ante las autoridades cuando fuera requerida y registrar su control biométrico cada siete días. Sin embargo, su ausencia prolongada llevó a que casi fuera declarada reo contumaz por la Sala Penal Especial, aunque esta solicitud fue rechazada. Su paradero fue desconocido durante varios días hasta que se confirmó su asilo en la embajada de México, otorgado por el gobierno mexicano el 3 de noviembre, lo que ha generado tensiones diplomáticas entre Perú y México.

El gobierno peruano, bajo el canciller Hugo de Zela, ha expresado su desacuerdo con el asilo concedido a Chávez y ha anunciado que presentará el caso ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Además, se ha postergado la entrega del salvoconducto que permitiría a la exministra salir del país, argumentando que su situación debe resolverse en el marco de la justicia peruana.

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