BETSSY CHÁVEZ EN LA MIRA FISCALÍA SOLICITA PRISIÓN PREVENTIVA TRAS SU ASILO EN EMBAJADA DE MÉXICO..!!!!

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Escribe: Jhon Smith

La fiscal suprema Zoraida Ávalos, a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, ha solicitado al juez supremo Juan Carlos Checkley revocar la medida de comparecencia con restricciones impuesta a la ex primera ministra Betssy Chávez y dictar en su lugar prisión preventiva, argumentando que su ingreso a la Embajada de México en Lima infringe las condiciones de su libertad condicional. Chávez, quien se desempeñó como jefa del Gabinete Ministerial durante el gobierno de Pedro Castillo, recibió asilo político por parte del gobierno mexicano y confirmó su ingreso a la residencia diplomática el pasado lunes 3 de noviembre, donde permanece a la espera de un salvoconducto para abandonar el Perú y viajar a México.

Esta situación se enmarca en el proceso judicial por el intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022, en el que Chávez es investigada por presuntos delitos de rebelión y conspiración, junto con el expresidente Castillo y el ex primer ministro Aníbal Torres. Previamente, la exministra había cumplido prisión preventiva por estos hechos, pero fue liberada gracias a un fallo del Tribunal Constitucional que revocó dicha medida y la reemplazó por comparecencia con restricciones, lo que le permitió salir en libertad condicional. Sin embargo, su decisión de buscar refugio en la embajada ha llevado a la Fiscalía a considerar que existe un riesgo de fuga, justificando el pedido de prisión preventiva para garantizar su presencia en el juicio.

El Poder Judicial ha programado una audiencia virtual para el jueves 13 de noviembre, en la que se evaluará esta solicitud con la participación de todas las partes involucradas, incluyendo la defensa de Chávez. En paralelo, la Fiscalía de la Nación ha ratificado su acusación en el caso del golpe de Estado, solicitando 34 años de pena privativa de la libertad para Pedro Castillo, y 25 años tanto para Betssy Chávez como para Aníbal Torres, por su supuesta complicidad en los eventos que llevaron a la disolución inconstitucional del Congreso y la intervención del Poder Judicial.

La fiscal suprema Zoraida Ávalos, a cargo de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, ha solicitado al juez supremo Juan Carlos Checkley revocar la medida de comparecencia con restricciones impuesta a la ex primera ministra Betssy Chávez y dictar en su lugar prisión preventiva, argumentando que su ingreso a la Embajada de México en Lima infringe las condiciones de su libertad condicional. Chávez, quien se desempeñó como jefa del Gabinete Ministerial durante el gobierno de Pedro Castillo, recibió asilo político por parte del gobierno mexicano y confirmó su ingreso a la residencia diplomática el pasado lunes 3 de noviembre, donde permanece a la espera de un salvoconducto para abandonar el Perú y viajar a México. Esta situación se enmarca en el proceso judicial por el intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022, en el que Chávez es investigada por presuntos delitos de rebelión y conspiración, junto con el expresidente Castillo y el ex primer ministro Aníbal Torres. Previamente, la exministra había cumplido prisión preventiva por estos hechos, pero fue liberada gracias a un fallo del Tribunal Constitucional que revocó dicha medida y la reemplazó por comparecencia con restricciones, lo que le permitió salir en libertad condicional.

Sin embargo, su decisión de buscar refugio en la embajada ha llevado a la Fiscalía a considerar que existe un riesgo de fuga, justificando el pedido de prisión preventiva para garantizar su presencia en el juicio. El Poder Judicial ha programado una audiencia virtual para el jueves 13 de noviembre, en la que se evaluará esta solicitud con la participación de todas las partes involucradas, incluyendo la defensa de Chávez.

En paralelo, la Fiscalía de la Nación ha ratificó su acusación en el caso del golpe de Estado, solicitando 34 años de pena privativa de la libertad para Pedro Castillo, y 25 años tanto para Betssy Chávez como para Aníbal Torres, por su supuesta complicidad en los eventos que llevaron a la disolución inconstitucional del Congreso y la intervención del Poder Judicial. Además, el abogado de Chávez renunció recientemente durante el juicio, alegando que no estaba al tanto de la solicitud de asilo presentada por su clienta, lo que añade complejidad al desarrollo del proceso legal. Este caso continúa generando controversia en el ámbito político peruano, destacando las tensiones entre el asilo diplomático y las obligaciones judiciales internas, mientras el gobierno peruano evalúa la entrega del salvoconducto solicitado por México.

La fiscal suprema Zoraida Ávalos ha solicitado revocar la comparecencia con restricciones de Betssy Chávez y dictar prisión preventiva en su contra, argumentando que su asilo en la Embajada de México viola las condiciones de su libertad condicional.

El Poder Judicial ha fijado una audiencia virtual para el jueves 13 de noviembre, en la que se evaluará la solicitud con participación de todas las partes, incluyendo la defensa de Chávez, cuyo abogado renunció recientemente al no ser informado sobre la solicitud de asilo, agregando un elemento de sorpresa y complejidad al proceso.

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