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Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanosrevisará el cumplimiento de las sentencias sobre Caso Durand y Ugarte, Barrios Altos y La Cantuta.
Diligencia se realiza en San José (Costa Rica). Solo participan el Estado y las víctimas.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos revisa hoy, en audiencia pública, el proceso y los argumentos en los que se basó el presidente Pedro Pablo Kuczynski para conceder el indulto al ex gobernante Alberto Fujimori , en vísperas de la última Navidad.
Concretamente, la tarea del tribunal será supervisar la ejecución de las sentencias que emitió, en 2001 y 2006, y en las que ordenó al Estado peruano sancionar a los responsables de los crímenes cometidos en los casos Barrios Altos y La Cantuta.
En ambos procesos, Fujimori fue condenado por el Poder Judicial como autor mediato de las ejecuciones extrajudiciales que perpetraron los miembros del Grupo Colina.
Según la defensa de los familiares de las víctimas, con la liberación del ex mandatario, el Estado no está cumpliendo las órdenes emitidas por la Corte IDH, pues –a su juicio– ha evitado que uno de los culpables de los asesinatos termine de cumplir su condena de 25 años de prisión.
Ayer, en una conferencia de prensa desde San José (Costa Rica), donde se realizará la audiencia, el abogado Carlos Rivera compartió los argumentos que expondrá ante los jueces en favor de las víctimas.
“El presidente (PPK), bajo un procedimiento absolutamente irregular, decidió emitir este indulto; Fujimori está ahora en una casa que cuesta US$5 mil el alquiler, no se ha muerto, felizmente, y esa es una de las evidencias de que, sin ninguna duda, no tenía los males que los médicos, de manera legal, confirmaron en un acta de junta médica”, apuntó.
Rivera reiteró que hubo “una negociación” entre Kuczynski y Kenji Fujimori para excarcelar al padre de este último: la liberación a cambio de salvar a PPK de la vacancia. Aseveró, de esta manera, que el beneficio fue de carácter político y no humanitario.
El gobierno, por su parte, también ha expuesto en reiteradas veces la que será su línea de defensa. Tanto el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, como la premier Mercedes Aráoz han señalado que la gracia presidencial concedida por Kuczynski está estipulada en la Constitución.
Indicaron, además, que con su liberación el Estado no está olvidando los delitos que Fujimori cometió.
Sumado a ello, Kuczynski ha dicho que su decisión se basó en informes médicos que señalaban que Alberto Fujimori padece de enfermedades irreversibles y que, debido a las condiciones carcelarias, su salud se complica aún más.
