La amenazó de muerte, abusó de ella y ahora le espera la cárcel

Después del censo. Poder Judicial dictó prisión preventiva para Marco Antonio Luza, acusado de abusar sexualmente de una empadronadora en Villa El Salvador. Sanción penal podría llegar hasta ocho años de cárcel, pero el Ministerio de la Mujer pedirá 25. Testimonios reafirman que funcionario del INEI intentó sobornar a la víctima para silenciar la denuncia. Jefe de la entidad acudirá al Congreso para explicar convenio con universidades, mientras que otros piden su renuncia.

La violencia contra la mujer, uno de los principales problemas del país, se manifiesta a diario en forma de acoso, agresión, violación y muerte. Esta vez ocurrió en Villa El Salvador, donde fue abusada una empadronadora del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Ayer, el Poder Judicial ordenó que el autor del crimen, Marco Antonio Luza Segundo (45), pase seis meses en la cárcel, tal como había solicitado el Ministerio Público en su pedido de prisión preventiva.

La jueza Carmen Ruiz Díaz, de la Unidad de Flagrancia Delictiva de la Corte de Lima Sur, aseguró que los “elementos de convicción” presentados por la Fiscalía “han sido graves y fundados”. La magistrada señaló, además, que la sanción “resulta proporcional y adecuada a efectos de que se lleven a cabo las actuaciones de investigación”.

Ruiz Díaz también informó que durante la audiencia reservada, la defensa del acusado buscó terminar el proceso de forma anticipada, lo que implica reconocer la culpa, pero Luza Segundo insistió en que era inocente.

Además de los resultados del médico legista, los hechos descritos por Jesús Villena, hermano de la víctima, desmienten la versión del acusado. Según contó a La República, el sujeto la amenazó de muerte antes de abusar sexualmente de ella.

“Cuando mi hermana se dio cuenta de que él se había acercado un poco, se puso nerviosa. Cuando llegaron a la última pregunta, él cerró la puerta, la agarró de los brazos y la tiró a la cama”, narró.

Marco Cerna Bazán, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, explicó que, una vez iniciado el proceso penal, la sentencia para Luza estará determinada por la acusación fiscal.

“Tengo entendido que el fiscal está denunciándolo por el delito de violación de la libertad sexual, previsto en el artículo 170 del Código Penal”. Agregó que dicho crimen se castiga con pena de cárcel de entre seis y ocho años.

Se supo que la víctima estaba siendo atendida en un centro de salud de Villa El Salvador, pero tuvo que ser traslada al Centro de Lima porque en el primer establecimiento no tenían los “implementos” requeridos.

“Repudiamos esta agresión sexual y exigimos máxima sanción para el culpable y la debida atención para la víctima”, declaró al respecto el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

INEI Responsable

En la víspera, Villena contó que un supervisor del INEI le ofreció a su hermana S/ 1.000 para que no haga pública la denuncia y que incluso trataron de culparlo por no vigilarla, pues como jefe de sección tenía a su cargo a otros cinco empadronadores.

Así se puede leer en la conversación por WhatsApp que mantuvo con ella, en la que asegura que fueron “altos rangos” de la institución quienes trataron de ocultar el caso (ver captura de imagen).

“Me dijeron que yo iba a ser el perjudicado porque yo no estuve en el momento en que sucedió. Me dieron a entender que yo tenía la culpa de lo que le había pasado a mi hermana”, contó Villena.

Lo descrito ocurrió después de las 4:00 de la tarde, cuando los representantes de la entidad llegaron a la comisaría de Pachacámac, donde la denuncia se había interpuesto varias horas antes, alrededor de las 11:30 de la mañana.

También se criticó a la institución por no implementar protocolos de seguridad. Según dijo Villena, al “jefe de zona” ya se le había advertido que el sector era “peligroso” y les prometieron que contarían con vigilancia, pero “al final no hubo nada”. Para algunos expertos, esto convierte al INEI en tercero civil responsable de lo ocurrido.

En respuesta a toda esta situación, desde el mediodía un grupo de mujeres protestó frente a la sede del INEI, donde exigieron la renuncia de su jefe, Aníbal Sánchez. También recordaron que el Perú es el tercer país con mayor índice de violaciones sexuales, que siete de cada diez mujeres han sufrido violencia alguna vez en su vida y que la víctima nunca tiene la culpa. Nunca.

Al Congreso

Congreso. La Comisión de Fiscalización citó al jefe del INEI, Aníbal Sánchez, para que explique los convenios firmados por su institución.

Fecha. El funcionario acudirá el 3 de noviembre para responder por el acuerdo con la Universidad César Vallejo, de César Acuña.

Enfoque – Atención integral para las víctimas

Karen Anaya (Abogada de Promsex)

La denuncia de violación sexual de una empadronadora durante el Censo ha visibilizado la ausencia de medidas estatales para garantizar la atención integral a las víctimas, que deben incluir la prevención de embarazos forzados. Es importante la persecución del agresor y el acompañamiento psicológico y legal del Ministerio de la Mujer, pero no se ha visto una actuación conjunta con el Ministerio de Salud.

Las acciones exigibles al Estado no solo se circunscriben al momento anterior a una violación sexual, sino que le corresponde prevenir un embarazo no deseado. Debe asegurar la aplicación del Reglamento de la Ley Nº 30364, sobre violencia contra las mujeres, cuyo Artículo 59 señala que es derecho de las víctimas obtener información y acceder oportunamente a tratamiento frente a infecciones de transmisión sexual, antirretrovirales y la anticoncepción oral de emergencia (AOE). Los casos en que la provisión ha sido denegada constituyen actos de revictimización.

Falta de información en padrones, poco personal, insuficiente material…

1- Miles sin censo

El domingo, muchos peruanos se quedaron sin ser censados. Ejemplo de ello son los más de 4 mil vecinos que viven en 1.108 departamentos del condominio Alto Colonial, ubicado en el límite entre el Cercado de Lima y Callao. Danny Jáuregui Romero, administrador del condominio, informó a

La República que ayer llegó personal del INEI para censarlos, sin embargo, no les fue permitido el ingreso, ya que la directiva propondrá, como salida, que el mismo se aplique este domingo, a fin de lograr que nuevamente los vecinos estén presentes en sus departamentos. «No nos oponemos al censo, al contrario, queremos censarnos porque no figuramos en el catastro como condominio sino como local industrial», se quejó.

2 – Material faltante

En la jornada censal no solo se evidenció la falta de personal para cubrir el empadronamiento en todas las viviendas, sino también la falta de material para que los empadronadores apliquen las encuestas. En distritos como Miraflores, Villa María del Triunfo, entre otros, la aplicación del censo empezó pasado el mediodía.

3 – Stickers «nulos»

También los usuarios denunciaron, a través de la redes sociales, que en las puertas de sus viviendas aparecían pegados los stickers del censo, los mismos que servirían como confirmación de haber sido encuestados. Sin embargo, en ningún momento llegaron empadronadores del INEI a censarlos. Uno de esos casos fue el de la usuaria de Twitter Stefanie Medina, quien informó que este hecho había ocurrido en la vivienda de sus padres en San Miguel.

4 – La publicidad

Otro aspecto cuestionado fue la publicidad de entidades privadas presente en los stickers y polos de los empadronadores, por tratarse de una actividad del Estado. En redes sociales se criticó que el INEI haya establecido convenios con empresas privadas donde, a cambio de apoyo logístico, estas empresas recibirían acceso a los resultados del censo. En respuesta a las críticas,
el INEI indicó que ningún tipo de información será expuesto de forma individualizada por estar amparado por ley.

5 – La inseguridad

Los empadronadores lamentablemente estuvieron expuestos a más de una situación adversa. Se reportó asaltos al personal que hacía trabajo de campo, además de agresiones verbales a empadronadoras. Algunos encuestadores denunciaron en redes sociales que muchos ciudadanos se oponían a brindar información si estos no usaban lapiceros en lugar de lápices al momento de llenar las cartillas.