Tan solo Fernando Belaúnde (1980-1985) y Valentín Paniagua (2000-2001), ambos fallecidos, quedarían al margen de la larga sombra de sospecha que se cierne sobre las personas que ostentaron la más alta magistratura de la República de Perú, una situación que varios analistas y periodistas del país califican de «traumática», «confusa» y «vergonzosa».

De todos estos, Fujimori es el que menos implicado aparece de momento en el caso Odebrecht, cuyas coimas millonarias comenzaron a darse después de su Gobierno. Sin embargo, Fujimori ya se encuentra en prisión condenado, además de por varios delitos de violación a los derechos humanos, por varios cargos de «peculado doloso, apropiación de fondos y falsedad ideológica en agravio del Estado».

Estrictamente por el caso Odebrecht, el más implicado de momento es Toledo, después de que el exdirector de la compañía brasileña en Perú, Jorge Barata, confesara a la fiscalía que pagó 20 millones de dólares al expresidente para ganar la licitación de una carretera. La confesión llevó a la Fiscalía a ordenar el fin de semana pasado el registro de la mansión que Toledo compró en Lima al poco de dejar el Gobierno y se espera que en las próximas horas se emita un pedido de busca y captura en su contra.

Humala, su señora y el dinero de los venezolanos y Odebrecht

El siguiente presidente con mayores problemas con la justicia es Humala, quien ya está siendo investigado formalmente por el presunto delito de lavado de activos en agravio del Estado. Sobre Humala y su mujer, Nadine Heredia, pesan sendos impedimentos legales que les obligan a contar con una autorización judicial expresa para ausentarse de su lugar de residencia, cambiar de domicilio o salir del país.

La acusación sobre ellos es la de haber recibido fondos del expresidente de Venezuela Hugo Chávez y de las empresas brasileñas Odebrecht y OAS para financiar las campañas electorales de 2006 y 2011 del Partido Nacionalista que presidían.

A García, quien ha sido el que más duramente ha cargado públicamente contra «las ratas» y los «fariseos» acusados de recibir coimas de Odebrecht desde su cuenta de Twitter, la trama le está salpicando a través de varios de sus inmediatos colaboradores.

De hecho, los primeros detenidos en el país a causa de las confesiones han sido el que fuera su viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, y Edwin Luyo, a uno de los responsables de la licitación de la Línea 1 del Metro de Lima, adjudicada a Odebrecht en 2009.

Odebrecht admitió haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014. La compañía brasileña acordó con la Fiscalía de Perú pagar 30 millones de soles (unos 9 millones de dólares) como un adelanto de la devolución de las ganancias ilícitas obtenidas con los sobornos, además de entre toda información o documentación que le sea requerida por este caso por las autoridades peruanas.