TRAIDOR A LA PATRIA SIN PRIVILEGIOS PIERO CORVETTO YA NO TIENE RESGUARDO POLICIAL..!!!!

Escribe: Jhon Smith

La decisión de la Policía Nacional del Perú de retirar el resguardo policial a Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, tras su salida del cargo, no es un simple trámite administrativo. Es un acto de sentido común y de elemental decencia republicana. Un funcionario que deja el cargo en medio de un escándalo mayúsculo, acusado de sabotear el proceso electoral más importante del país, no merece seguir gozando de la protección del Estado que supuestamente traicionó. Al contrario lo que merece es rendir cuentas ante la justicia, y si las investigaciones lo confirman, terminar donde muchos peruanos honestos creen que debería estar en prisión.

Corvetto renunció en abril de 2026 después de un domingo electoral caótico, marcado por fallas logísticas graves en la distribución de material electoral, demoras inexplicables y un clima de sospecha que erosionó la confianza ciudadana. No fue un «error técnico».

Un jefe de la ONPE no es un empleado cualquiera. Es el garante de la transparencia electoral. Cuando falla de manera tan estrepitosa haciendo que se extiendan las votaciones, que se pierdan actas, que aparezcan irregularidades denunciadas por testigos y fiscalizadores, no puede lavarse las manos con una carta de renuncia llorosa alegando que «cumplió con integridad». La integridad se demuestra con resultados, no con discursos. Y los resultados fueron un desastre que dividió aún más al país y alimentó la desconfianza profunda en nuestras instituciones.

Mientras miles de ciudadanos comunes enfrentan inseguridad diaria en Lima y provincias, sin un policía a la puerta, ¿Corvetto necesitaba un equipo custodiándolo solo por haber ocupado un cargo público? La protección a funcionarios está justificada mientras ejercen el cargo y enfrentan riesgos reales por su labor. Pero una vez fuera, y más aún cuando las investigaciones avanzan incluyendo allanamientos a su vivienda, corresponde evaluar caso por caso. La PNP hizo lo correcto: ya no ostenta cargo, que asuma las consecuencias de sus actos como cualquier ciudadano.

Quienes claman por garantías personales para él olvidan algo fundamental: el verdadero riesgo lo corrieron millones de peruanos que vieron cómo su voluntad soberana era puesta en duda por incompetencia o, peor, por algo más oscuro. Las denuncias de cédulas en la basura, material mal distribuido y opacidad en el conteo no son fantasías conspirativas. Son hechos que generaron marchas, protestas y un clima de polarización que el propio Corvetto contribuyó a crear.

En el Perú, la traición a la patria no se limita a entregar fronteras. También consiste en minar las bases de la democracia, generar desconfianza en el sistema electoral y dejar al país al borde de una crisis de legitimidad institucional. Corvetto no solo falló operativamente: su gestión y renuncia tardía dejaron heridas que tardarán en sanar. Exigir que enfrente la justicia sin privilegios es lo mínimo que podemos pedir como sociedad.

Que la JNJ, el Ministerio Público y las autoridades competentes investiguen a fondo, sin cortapisas. Si hay responsabilidad penal por negligencia grave, obstrucción o lo que las pruebas determinen, que procedan. Un exfuncionario investigado no es una víctima; es un presunto responsable que debe someterse al escrutinio.

El retiro del resguardo policial es un mensaje claro: en el Perú ya no hay impunidad automática para los que ocupan altos cargos. Los recursos del Estado deben servir para proteger a la ciudadanía, no para blindar a quienes la defraudan. Piero Corvetto ahora camina como uno más. Que aproveche esa libertad para preparar su defensa, porque el clamor ciudadano y las evidencias exigen que responda.

Perú necesita elecciones limpias, instituciones confiables y accountability real. Quitar privilegios injustificados a quienes fallan estrepitosamente es el primer paso. El siguiente, que la justicia actúe sin miedo ni favoritismos. Los peruanos ya estamos hartos de traiciones disfrazadas de «errores técnicos».

Es tiempo de que los responsables paguen.