MINEROS INFORMALES AMENAZAN CON BLOQUEAR LIMA ¿EXTORSIÓN ELECTORAL ANTES DEL 2026?..!!!!!
Escribe: Jhon Smith
El anuncio de la Confemin, liderada por Máximo Franco Becquer, de una movilización nacional indefinida y un paro en Lima a partir del 30 de marzo de 2026, justo meses antes del proceso electoral, no es solo una protesta sectorial es una demostración clara de cómo ciertos intereses económicos ilícitos o en zona gris buscan capturar la agenda política en un momento de máxima vulnerabilidad institucional.
La exigencia central derogar el Decreto Legislativo 1695, que endurece penas por actividades asociadas a la minería ilegal como procesamiento, transporte y tráfico de minerales choca frontalmente con cualquier intento serio de formalización y control estatal. Ese decreto no inventa delitos; cierra lagunas que permitían operar en “zonas grises” mientras se lucraba con recursos no renovables y se dañaba el medio ambiente. Pedir su derogación equivale a reclamar impunidad para seguir contaminando ríos, evadiendo tributos y compitiendo deslealmente contra la minería formal que sí genera empleo estable y royalties para el Estado.
Es preocupante que esta presión ocurra en vísperas de las elecciones generales de 2026. Ya vimos cómo, en ciclos anteriores, la minería informal e ilegal ha financiado campañas, colocado candidatos (varios con vínculos al Reinfo en listas de distintos partidos) y condicionado leyes a su favor. El hecho de que congresistas de Podemos Perú y Juntos por el Perú respalden reuniones en Palacio con estos gremios, mientras otros sectores critican la puerta abierta del Ejecutivo a quienes defienden el retorno de 50 mil mineros excluidos del proceso de formalización, evidencia que el tema ya es moneda de cambio político.
El gobierno actual, a través del Minem, insiste en diferenciar entre mineros informales (a quienes se les ofrece apoyo técnico para formalizarse) e ilegales (problema policial y judicial). Sin embargo, la amenaza de bloqueo masivo en Lima demuestra que la línea entre ambos es borrosa y conveniente para los dirigentes. Un paro indefinido en la capital no solo generaría caos vial y pérdidas económicas millonarias; sería una forma de extorsión colectiva al Estado en plena precampaña electoral. ¿Quién se atrevería a aplicar la ley con rigor si hacerlo puede costarle votos en regiones mineras?
La respuesta no puede ser ceder. Formalizar de verdad implica requisitos ambientales, tributarios y de seguridad que muchos de estos operadores no quieren cumplir porque su modelo de negocio depende precisamente de la informalidad. Extender indefinidamente el Reinfo o derogar normas penales solo perpetúa el ciclo: más contaminación, más violencia en zonas mineras, menos recursos para el erario y mayor riesgo de captura política por economías criminales.
Perú necesita una minería que compita globalmente, no una que secuestre al Estado cada vez que sube el precio del oro. Si los mineros informales quieren dialogar, que sea dentro del marco legal existente y con propuestas serias de formalización. Amenazar con paralizar Lima previo a unas elecciones no es presión legítima; es chantaje con fecha electoral. El próximo gobierno, sea quien sea, deberá tener el coraje de no negociar bajo amenaza si queremos que la minería deje de ser rehén de unos pocos y se convierta en motor real de desarrollo.
