CONGRESO CONGELA AMPLIACIÓN DEL REINFO HASTA 2026 DETALLES DEL DEBATE EN COMISIÓN..!!!!
Escribe: Jhon Smith
En una sesión cargada de tensiones y divisiones ideológicas, la Comisión de Energía y Minas del Congreso peruano decidió dejar en suspenso la propuesta para extender el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre de 2026, optando en cambio por la creación de una mesa técnica que permita un debate más profundo antes de fin de año.
El Reinfo, diseñado originalmente como un mecanismo transitorio para regularizar la minería artesanal e informal, ha generado controversia por sus repetidas prórrogas, que críticos ven como una forma de perpetuar la impunidad y el desorden ambiental, mientras que sus defensores lo consideran esencial para evitar conflictos sociales y dar tiempo a miles de mineros para completar su formalización.
La propuesta, impulsada por el presidente de la comisión, Víctor Cutipa, no solo buscaba la ampliación del plazo actualmente vigente hasta fines de 2025, sino también la suspensión de procedimientos de exclusión y la reincorporación de más de 50,000 mineros que habían sido removidos del registro por no demostrar actividad o faltar documentación. Durante el debate, realizado en medio de protestas de gremios mineros como la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) frente al Palacio Legislativo, los argumentos se polarizaron rápidamente.
Por un lado, congresistas como Elizabeth Medina abogaron por una extensión hasta 2028, argumentando que los mineros necesitan más tiempo para adaptarse y evitar que queden en la ilegalidad total, lo que podría desencadenar paros y movilizaciones; Guido Bellido fue aún más ambicioso, proponiendo cuatro años adicionales hasta 2029, alineándose con las demandas de Confemin, cuyo líder Máximo Franco Bequer criticó la falta de avance como una capitulación ante intereses económicos y anunció nuevas protestas a partir del 3 de noviembre. Otros defensores, como Wilson Quispe y Pasión Dávila, y Elías Varas, enfatizaron el impacto social, minimizando los riesgos ambientales y destacando que la minería informal es una fuente de empleo en regiones vulnerables.
En contraste, opositores como Diana Gonzales calificaron la medida como un retroceso que «legaliza la ilegalidad» y fomenta la impunidad, mientras que Patricia Juárez advirtió que renuncia al principio de autoridad estatal al blindar a operadores ilegales; Ruth Luque rechazó cualquier ampliación automática, señalando los devastadores efectos ambientales en ríos, bosques y comunidades indígenas, y lamentó la exclusión de estos pueblos en el debate, urgiendo instrumentos de gestión claros. Jorge Montoya y Wilson Soto se sumaron a las críticas, priorizando una ley integral como la de Minería Artesanal, Pequeña Minería y Exploración (Mape) basada en criterios técnicos y ambientales. Una intervención pivotal vino de Eduardo Salhuana, quien presentó una cuestión previa para formar una mesa técnica con participación del Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Colegio de Ingenieros, parlamentarios y representantes de la pequeña minería, argumentando que no se pueden seguir postergando soluciones definitivas sin un análisis multisectorial. Cutipa intentó forzar una votación inmediata del predictamen, pero su moción fue rechazada, y la propuesta de Salhuana triunfó con 14 votos a favor y 8 en contra, suspendiendo así la decisión sobre la extensión.
Expertos como José De Echave, exviceministro de Gestión Ambiental, contextualizaron el impasse como una solución pragmática influida por consideraciones electorales, pero insuficiente para resolver problemas de fondo como la contaminación y la falta de trazabilidad en el oro procesado. El Observatorio de Minería Ilegal reiteró que nuevas prórrogas solo perpetuarían el caos, llamando al Congreso a legislar en beneficio nacional y priorizando a los afectados indígenas. Esta pausa deja el futuro del Reinfo en incertidumbre, con la mesa técnica como el próximo escenario para negociaciones que podrían redefinir la formalización minera en el país, mientras los mineros informales mantienen la presión en las calles.
