¿RED CRIMINAL EN EL GOBIERNO? FISCALÍA ALLANA LA CASA DEL HERMANO DE DINA BOLUARTE..!!!

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Escribe: Jhon Smith

En la madrugada del 27 de agosto de 2025, el tranquilo distrito limeño de San Borja se convirtió en el epicentro de un nuevo terremoto político que sacude al gobierno de Dina Boluarte. Un equipo especial de la Fiscalía, respaldado por la Policía Nacional del Perú, irrumpió en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, en un operativo bautizado como “Ícaro” que promete destapar una madeja de corrupción vinculada al corazón del poder. La intervención, ejecutada antes de las 6:00 a.m. con autorización del Poder Judicial, no solo puso en jaque al entorno más cercano de la mandataria, sino que también alcanzó las oficinas del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en un claro mensaje de que nadie está por encima de la ley. Pero, ¿qué hay detrás de este audaz movimiento de la Fiscalía? ¿Es una cacería política, como denuncia la defensa de Nicanor, o el inicio del desmantelamiento de una presunta red criminal que opera desde las sombras del Ejecutivo? El operativo, dirigido por el fiscal adjunto provincial Raúl Guerrero Quispe, se centró en la búsqueda de pruebas relacionadas con cuatro graves acusaciones contra Nicanor Boluarte favorecimiento ilícito en procesos administrativos del Ministerio del Interior, cobros indebidos para mantener a generales en sus cargos, beneficios irregulares a la minera El Dorado y ocultamiento de pruebas.

Según fuentes del Ministerio Público, la investigación apunta a una presunta organización criminal que habría operado desde el entorno del hermano de la presidenta, aprovechando su cercanía al poder para influir en la asignación de cargos públicos y favorecer intereses privados, particularmente en el sector minero. La intervención en San Borja, que incluyó momentos de tensión con gritos escuchados desde el interior del inmueble, no fue un hecho aislado: simultáneamente, se allanaron otras propiedades y oficinas, incluyendo el estudio de abogados de Santiváñez, en un operativo que refleja la magnitud de las sospechas.La reacción no se hizo esperar. Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, calificó el allanamiento como un “abuso” de la Fiscalía, denunciando la falta de notificación previa o citación formal a su cliente. “No tengo ninguna información del caso. Es un abuso más de la Fiscalía y eso lo vamos a determinar en el transcurso del día”, declaró Vivanco ante la prensa, visiblemente molesto, mientras llegaba al condominio de San Borja.

Por su parte, el defensor público César Linares, presente al inicio del operativo, aseguró que Nicanor colaboró plenamente con las autoridades, abriendo las puertas de su hogar y mostrando disposición para esclarecer los hechos. Sin embargo, estas afirmaciones no han logrado calmar las aguas en un contexto donde el hermano de la presidenta ya carga con el peso de investigaciones previas, como el caso “Los Waykis en la Sombra”, que lo acusó de liderar una red criminal para controlar el aparato estatal.

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