NO BASTA LA VOLUNTAD POLÍTICA EL PEDIDO DE GRACIA PARA EL GOLPISTA PEDRO CASTILLO FUE DECLARADO IMPROCEDENTE..!!!!!
ESCRIBE: DR. CARLOS FLORES
El rechazo de la solicitud de gracia presidencial presentada a favor del expresidente Pedro Castillo constituye un nuevo episodio dentro de un proceso que, desde hace meses, ha estado marcado por la confrontación entre argumentos políticos, jurídicos y constitucionales. La decisión del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) no ingresa al fondo del debate sobre si Castillo merece o no un beneficio presidencial; por el contrario, se concentra en un aspecto previo y esencial: el cumplimiento de los requisitos legales que permiten siquiera iniciar la evaluación del pedido.
Según el informe emitido por la Comisión de Gracias Presidenciales, la solicitud presentada por el congresista Elías Varas fue declarada improcedente porque incumplía exigencias básicas establecidas en el Reglamento Interno del órgano encargado de tramitar estos beneficios. Entre las principales observaciones figura que el documento no precisaba qué modalidad de gracia presidencial se estaba solicitando, omisión que impide realizar una evaluación jurídica seria y conforme al procedimiento vigente.
Este punto es especialmente relevante porque evidencia que el Estado no rechazó el pedido debido a una valoración política sobre Pedro Castillo, sino porque el expediente carecía de los elementos mínimos necesarios para ser admitido. En el derecho administrativo, el respeto de las formalidades no constituye un simple trámite burocrático; representa una garantía para que todas las solicitudes sean evaluadas bajo los mismos criterios, evitando arbitrariedades y asegurando igualdad ante la ley.
Asimismo, esta resolución deja en claro que la Comisión de Gracias Presidenciales mantiene una línea de actuación basada en el cumplimiento estricto de la normativa. La improcedencia de esta solicitud no significa automáticamente que Castillo nunca pueda acceder a un beneficio presidencial, sino que cualquier petición deberá respetar los procedimientos establecidos y presentar todos los requisitos exigidos por la legislación vigente.
El contexto político añade una dimensión aún más compleja. Pedro Castillo cumple una condena de primera instancia por los hechos vinculados al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 y, paralelamente, continúa impulsando diversos recursos para recuperar su libertad. Hasta la fecha se han presentado múltiples solicitudes de indulto o gracia presidencial, varias de las cuales han sido rechazadas o declaradas inadmisibles por razones procedimentales.
Sin embargo, la discusión no ha desaparecido. En las últimas semanas el debate se reactivó tras la difusión del informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, documento que cuestionó aspectos del proceso seguido contra el exmandatario. Aunque dicho informe no tiene carácter vinculante para el Estado peruano, sí volvió a colocar sobre la mesa la posibilidad de un eventual beneficio presidencial, generando posiciones enfrentadas entre distintos sectores políticos y jurídicos.
En ese escenario, el rechazo de esta nueva solicitud adquiere un significado institucional importante. El Ministerio de Justicia transmite el mensaje de que cualquier eventual decisión sobre un indulto o una gracia presidencial deberá sustentarse dentro del marco legal vigente y no únicamente en consideraciones políticas o mediáticas. La existencia de un debate público intenso no reemplaza el cumplimiento de las normas que regulan este tipo de procedimientos.
También resulta significativo que aún permanezca pendiente otro pedido distinto de indulto presentado a favor de Castillo, el cual deberá ser evaluado por la Comisión de Gracias Presidenciales. Esto demuestra que el rechazo conocido recientemente no cierra definitivamente la posibilidad de futuras decisiones administrativas, aunque sí reafirma que cada expediente será analizado de manera independiente y conforme a los requisitos establecidos.
Desde una perspectiva institucional, este caso evidencia la importancia del debido procedimiento dentro de un Estado de derecho. Las figuras del indulto y la gracia presidencial constituyen atribuciones excepcionales del Poder Ejecutivo y, precisamente por esa naturaleza extraordinaria, su tramitación exige un estricto respeto de las normas. Permitir que solicitudes incompletas o deficientes avancen en el procedimiento podría afectar la legitimidad de futuras decisiones y generar cuestionamientos sobre la imparcialidad del sistema.
En consecuencia, el rechazo de esta solicitud representa más que un simple revés para la defensa política de Pedro Castillo. Refuerza el principio de que los beneficios presidenciales no pueden sustentarse únicamente en argumentos políticos o coyunturas mediáticas, sino que deben respetar los procedimientos previstos por la ley. En un contexto de alta polarización política, la decisión del Minjusdh busca preservar la institucionalidad y recordar que el Estado de derecho exige que incluso los casos de mayor repercusión pública se tramiten conforme a las reglas previamente establecidas.
