Escribe: Jhon Smith

El voto que no se detiene en las fronteras una lección de seriedad institucional

En medio de un contexto político nacional muchas veces polarizado y lleno de ruido, una noticia pasa casi desapercibida pero merece ser destacada: la ONPE ha trasladado más de 33 toneladas de material electoral a la Cancillería para que miles de peruanos residentes en el exterior puedan ejercer su derecho al voto en la Segunda Elección Presidencial del 7 de junio de 2026.

Este hecho no es un simple trámite logístico. Es una demostración concreta de que, pese a todas las críticas que se le puedan hacer al sistema político peruano, existen instituciones que cumplen su rol con profesionalismo y sentido de Estado. Organizar 2.506 mesas de sufragio en 217 locales distribuidos en 205 ciudades del mundo no es tarea sencilla. Implica coordinación, recursos, seguridad y, sobre todo, voluntad política de no dejar fuera a quienes, aunque viven lejos, siguen siendo peruanos con plenos derechos.

Particularmente valioso resulta el envío de 515 cartillas Braille. Detalles como este revelan una preocupación real por la inclusión. No se trata solo de cumplir formalidades, sino de garantizar que personas con discapacidad visual también puedan participar del proceso democrático sin barreras innecesarias. En un país donde la inclusión muchas veces queda en discursos, esta medida concreta habla mejor que cualquier eslogan.

Es cierto que no todo es perfecto. Por razones de seguridad, logística y operativas, compatriotas en Venezuela, Ghana, Irán y Beirut (Líbano) no podrán votar. Nadie puede negar la complejidad de realizar elecciones en zonas con inestabilidad grave o conflictos activos. Sin embargo, llama la atención positivamente que en otros países de Medio Oriente como Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes, Jordania, Israel y Kuwait sí se garantice el proceso ante la relativa calma reportada. Esto demuestra que las decisiones se toman con criterio técnico y no con improvisación.

El voto de los peruanos en el exterior tiene un valor simbólico y práctico enorme. Muchos de ellos han emigrado en busca de mejores oportunidades, huyendo de la inseguridad, la falta de empleo o la crisis que ha vivido el país en las últimas décadas. Que el Estado peruano invierta esfuerzo y recursos para que su voz se escuche no solo es un deber constitucional, sino un acto de justicia. Es reconocer que, aunque estén lejos, sus opiniones, preocupaciones y esperanzas siguen formando parte del Perú.

En tiempos donde la desconfianza hacia las instituciones es alta, acciones como esta de la ONPE fortalecen la credibilidad del proceso electoral. No resuelven todos los problemas del país ni pretenden hacerlo, pero recuerdan que es posible hacer las cosas con seriedad, transparencia y planificación. El monitoreo satelital y el resguardo policial del traslado de material desde Lurín refuerzan esa imagen de rigurosidad.

Ojalá este ejemplo se multiplique. Ojalá veamos la misma eficiencia y el mismo compromiso en otros ámbitos del Estado. Porque la democracia no se construye solo con grandes discursos, sino con actos concretos como este: enviar ánforas, cabinas, cédulas y actas al otro lado del mundo para que ningún peruano se sienta excluido.

El 7 de junio, cuando los peruanos en el exterior depositen su voto, no solo elegirán al próximo presidente. Estarán reafirmando que el Perú, a pesar de sus múltiples desafíos, sigue apostando por una democracia que no conoce fronteras. Y eso, en estos tiempos, vale más de lo que muchos imaginan.

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