Escribe: Jhon Smith

En medio de una de las crisis electorales más graves de las últimas décadas en el Perú, Jorge Nieto, candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno, ha optado por la postura más cómoda y, a la vez, más peligrosa la tibieza calculada. En su reciente declaración, Nieto afirma con solemnidad que “hasta ahora no tengo pruebas de fraude”, aunque reconoce irregularidades graves en la ONPE que, en una elección tan ajustada, podrían representar decenas de miles de votos. Su mensaje es claro sin una evidencia irrefutable que pueda presentar en una conferencia de prensa, prefiere no remover el avispero.

Esta posición no solo es ingenua, es irresponsable.

Nadie en su sano juicio exige que un candidato declare fraude sin sustento. Pero cuando las irregularidades se acumulan fallos en sistemas, actas manipuladas, explicaciones poco convincentes de la ONPE y una pérdida evidente de confianza ciudadana, exigir “pruebas definitivas” antes de alzar la voz suena más a excusa que a prudencia. Nieto mismo reconoce que la ONPE reaccionó mal, que no descarta corrupción y que un porcentaje pequeño de anomalías en una elección cerrada equivale a 70 mil votos. ¿Y aun así se niega a llamar las cosas por su nombre?

El problema de fondo no es solo técnico, es de legitimidad. Un gobierno que nace bajo la sombra de la duda no gobierna, sobrevive. Y el Perú ya ha vivido una década de confrontación política precisamente porque las instituciones electorales han perdido credibilidad. Pedir una auditoría internacional es correcto, pero reducir todo el debate a “esperemos la auditoría” mientras miles de peruanos se sienten estafados es abandonar el liderazgo que se supone debe ejercer un candidato presidencial.

Nieto dice que si tuviera una sola evidencia consistente, la denunciaría públicamente. Palabras bonitas. Pero en política, la evidencia rara vez llega envuelta en moño. Suele aparecer fragmentada, entre actas dudosas, testimonios de veedores, inconsistencias estadísticas y comportamientos sospechosos de funcionarios. Ignorar ese conjunto por falta de un “smoking gun” es exactamente lo que permite que los verdaderos fraudes prosperen: en la zona gris donde los tibios prefieren no mirar.

Mientras otros candidatos han salido a las calles y denunciado con vehemencia lo que perciben como un ataque a la voluntad popular, Nieto opta por el rol de observador neutral. “Actuemos con serenidad”, dice. Serenidad es necesaria, sí. Pero no la serenidad del que se cruza de brazos mientras el barco se hunde. La verdadera serenidad es la que exige verdad, transparencia total y, si es necesario, que rueden las cabezas de quienes fallaron.

El Perú no necesita más políticos “responsables” que temen pronunciar palabras fuertes. Necesita líderes que entiendan que la defensa de la democracia a veces implica incomodar, presionar y no conformarse con explicaciones débiles de instituciones que ya han demostrado su incompetencia o algo peor.

Jorge Nieto tiene derecho a no tener pruebas definitivas hoy. Pero no tiene derecho a restarle importancia al clamor ciudadano. Su tibieza no lo hace ver sensato; lo hace ver desconectado de un país que, una vez más, siente que le están robando la voz en las urnas.

La auditoría debe hacerse, y debe ser seria, independiente e internacional. Pero mientras llega, callar o minimizar el problema no es neutralidad: es complicidad con el statu quo que nos ha traído hasta aquí. El Perú merece mucho más que un candidato que, ante la posible muerte de la confianza democrática, responde con un tibio “hasta ahora no tengo pruebas”.

La historia juzgará a quienes, teniendo la oportunidad de alzar la voz, prefirieron susurrar.

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