Escribe: Jhon Smith

El gobierno de José María Balcázar está orquestando, de manera descarada y vergonzosa, la liberación del golpista Pedro Castillo. Nombrar a una funcionaria chotana, hija de activistas castillistas y vinculada al mismo círculo del profesor, en la Comisión de Gracias Presidenciales no es una casualidad. Es un plan premeditado para burlar la justicia, escupir en la cara de las víctimas del 7 de diciembre de 2022 y preparar el terreno electoral para la izquierda radical. Esto no es reconciliación: es impunidad pura y dura.

Pedro Castillo intentó disolver el Congreso, intervenir el Poder Judicial y establecer una dictadura. Fracasó, gracias a la reacción institucional, pero dejó al país herido, con muertos en las protestas posteriores y una herida abierta en la democracia. Hoy, desde Barbadillo, sigue siendo un peligro un símbolo de la destrucción institucional que Perú Libre representa. Indultarlo no es acto de humanidad, es un acto de complicidad con el golpismo.

La designación de Lesli Roxana Gonzales Cabanillas es el colmo del cinismo. Nacida en Chota, al igual que Castillo, con padres profesores en la misma UGEL donde el exmandatario trabajó por décadas y que públicamente lo defendieron en redes sociales como un mesías contra los corruptos y las empresas. ¿Imparcialidad? Ninguna. Esto es nepotismo ideológico, compadrazgo cajamarquino llevado al Ministerio de Justicia. El mismo modus operandi que usaba Castillo en el poder colocar paisanos leales en puestos clave para cubrirse las espaldas.

Balcázar miente descaradamente. Primero dijo que el indulto no estaba en agenda, luego que no había proceso en curso. Ahora, en plena campaña electoral y a puertas de la segunda vuelta, meten a esta funcionaria de cumpleaños incluido. El mensaje es claro «Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley». Amigos golpistas, claro. Mientras tanto, los peruanos decentes que sufrieron las consecuencias de su pésima gestión inflación, inseguridad, caos educativo siguen esperando justicia real.

Indultar a Castillo antes de que tenga sentencia firme es además un atropello jurídico. No procede. Pero a esta gente no le importa la ley les importa el voto cautivo, el relato victimista y mantener vivo el fantasma del profesor del pueblo. Liberarlo sería una bofetada a las Fuerzas Armadas, a la Policía, a los jueces que cumplieron su deber y a millones de peruanos que rechazamos el autoritarismo.

Castillo debe cumplir su condena hasta el final. Punto. Cualquier indulto sería una rendición ante el peor precedente político reciente del Perú. ¡No al indulto! ¡No a la impunidad! ¡Perú primero!


Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar