Escribe: Jhon Smith

La ONPE, a través de su jefe interino Bernardo Pachas, ha salido a prometer que la segunda vuelta electoral del 7 de junio será “sin errores” o con el “menor error posible”. Reconoce que lo del 12 de abril fue un “error garrafal” que afectó a todos. Palabras bonitas, pero después de los caos logísticos, demoras en la instalación de mesas en Lima y la pérdida de confianza ciudadana, estas declaraciones suenan más a control de daños que a una reforma profunda.

No es suficiente decir “tenemos la obligación moral”. Los peruanos ya vivimos el desastre centros de votación que no abrieron a tiempo, material electoral que no llegó, miles de ciudadanos que no pudieron ejercer su derecho y un conteo que generó más dudas que certezas. Ahora nos piden que confiemos de nuevo en la misma institución que falló estrepitosamente. ¿Por qué deberíamos creerles?

Pachas menciona que no usarán el STAE en la segunda vuelta y que buscarán cero errores. Excelente. Pero ¿dónde están los detalles concretos? ¿Se renovó realmente el personal clave? ¿Se auditaron los sistemas informáticos de manera independiente y transparente? ¿Se sancionará a los responsables del fiasco anterior o solo habrá cambios cosméticos hasta que pase la tormenta?

Las promesas de “frente en alto” y “salir con honor” antes de que llegue la nueva gestión el 4 de julio parecen más un mensaje para la galería que un plan técnico sólido. En un país donde la desconfianza hacia las instituciones electorales ya es crónica, este tipo de intervenciones generan más escepticismo que alivio.

Los congresistas piden auditorías. La respuesta de Pachas es cautelosa y plantea preguntas técnicas. Entendible desde lo operativo, pero políticamente desastroso. La ciudadanía no quiere tecnicismos; quiere garantías reales de que su voto contará y que no habrá más improvisaciones.

La participación en Lima fue similar a otras regiones pese a las demoras, según la ONPE. Puede ser cierto en los números, pero la percepción ciudadana es otra muchos se quedaron sin votar, otros votaron con retraso y frustración, y el conjunto del proceso dejó un sabor amargo. En democracia, la legitimidad no se mide solo por porcentajes; se construye con transparencia y eficiencia.

Prometer cero errores es irresponsable si no va acompañado de acciones verificables. Mejor sería reconocer las fallas, explicarlas con crudeza y mostrar un plan auditado públicamente, con veedores internacionales si es necesario. De lo contrario, seguiremos yendo a las urnas con la sospecha de que algo puede fallar otra vez.

Los peruanos merecemos elecciones creíbles. Palabras bonitas y “obligaciones morales” ya no alcanzan. Exigimos resultados.

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