Escribe: Jhon Smith

Una vez más, el presidente interino José María Balcázar ha elegido el camino fácil de la confrontación en lugar del de la razón. En declaraciones recientes a Exitosa y en redes sociales, volvió a lanzar acusaciones graves y, lo más preocupante, sin pruebas afirmó que una minera formal como Poderosa “compra oro de extorsionadores y de gente que lo obtiene ilegalmente”. Palabras textuales que no solo dañan la reputación de una empresa que opera bajo las reglas, sino que siembran desconfianza sobre todo un sector que representa el 9% del PBI nacional y el 66% de nuestras exportaciones.

Como exmagistrado, el presidente debería saber que las acusaciones graves requieren pruebas graves. Sin embargo, no presentó ni un solo documento, ni un informe fiscal, ni una investigación judicial que respalde sus dichos. La minera Poderosa, con razón, exigió rectificación inmediata mediante carta firmada por su gerente general, Russell Santillana. No es un capricho empresarial es una defensa legítima contra la difamación que puede costar miles de puestos de trabajo y millones en inversión extranjera que ya está mirando a otros países.

El presidente se opone al dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso argumentando que “recorta los privilegios a la minería grande y mediana”. Pero la realidad, como bien señala la Unidad de Investigación, es exactamente la opuesta ese dictamen apunta a espantar a la minería formal y abrirle paso a las “economías oscuras”, es decir, a la minería ilegal que contamina ríos, destruye ecosistemas y financia extorsión y crimen organizado.

Mientras Balcázar ataca a quienes pagan impuestos, generan empleo formal y cumplen estándares ambientales y laborales, la minería ilegal sigue creciendo impune. El resultado es previsible menos inversión, menos royalties para el Estado, menos hospitales, menos carreteras y más pobreza en las regiones mineras. ¿Esa es la “defensa del pueblo” que pregona el presidente?

La minería formal no es perfecta, nadie lo niega. Hay retos en responsabilidad social, en diálogo con comunidades y en modernización tecnológica. Pero la solución no es demonizarla ni acusarla sin fundamento. La solución es mejorar las reglas del juego, agilizar trámites, combatir la ilegalidad con mano firme y atraer más capital responsable. Atacar sin pruebas solo logra lo contrario que los inversionistas prefieran Chile, Australia o Canadá, donde las reglas son claras y los gobernantes no improvisan acusaciones por radio.


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