Escribe: Jhon Smith

El 29 de diciembre de 2025, mientras la mayoría de peruanos preparaba la cena de Año Nuevo, la Mesa Directiva del Congreso presidida por Fernando Rospigliosi firmó el Acuerdo 101-2025-2026 y decidió convertir en contratos indefinidos (“de por vida”) a once trabajadores con más de cuatro años de servicio. No fue una ley aprobada en pleno, no fue un debate público, no fue una reforma para todo el sector público. Fue un acuerdo interno, rapidito, a puerta cerrada, que beneficia exclusivamente al personal del primer poder del Estado.

El argumento oficial es que “existe disponibilidad presupuestal”. Claro, con un presupuesto anual de 1,700 millones de soles y 4 mil trabajadores, ¿qué son once sueldos vitalicios más? Pero el problema no es solo el número. El problema es el mensaje en un país donde la mayoría de peruanos lucha por un empleo estable, donde miles de jóvenes entran al Estado bajo CAS precarios y donde la meritocracia es un chiste, el Congreso se da el lujo de blindar a sus propios cuadros.

El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi lo dijo con claridad esto huele a favoritismo, contubernio y fraude a la ley. ¿Por qué? Porque ya existen trabajadores a plazo indeterminado en el Congreso. Porque existe el Estatuto del Servidor Parlamentario con “candados” precisamente para evitar ingresos irregulares. Porque el sindicato Sitracon presionó y la Mesa Directiva cedió en las últimas horas de su gestión. Once personas que, según las críticas, entraron con “padrinos” políticos ahora se convierten en inamovibles. Cesables solo por causa justificada, con CTS, gratificaciones y vacaciones intactas. Un sueño laboral pero pagado con dinero público.

Y aquí viene lo grave esto no es un caso aislado. Es el síntoma de una clase política que trata al Estado como botín. Mientras el Ejecutivo y el Congreso discuten reformas laborales para el resto del país, ellos se auto-otorgan estabilidad eterna. Mientras millones de peruanos ven cómo sus impuestos financian una planilla pública inflada e ineficiente, once “de confianza” pasan a ser intocables.

¿Queremos un Estado moderno, ágil y meritocrático? Entonces dejemos de premiar la antigüedad automática y el compadrazgo. Si un trabajador rinde, que compita por ascensos. Si no rinde, que salga. Punto. Dar contratos de por vida por decreto interno es la antítesis de la reforma que Perú necesita con urgencia.

El Ministerio Público y la Contraloría deberían investigar de oficio este acuerdo. No por persecución política, sino por elemental decencia fiscal y ética pública. Porque cuando los mismos que legislan para todos se legislan privilegios a sí mismos, la democracia deja de ser del pueblo y se convierte en un club privado.

Perú ya tiene suficiente con la precariedad laboral en el sector privado. Lo último que necesita es que su Congreso le dé lecciones de cómo blindarse a perpetuidad con plata de todos.

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