Escribe: Jhon Smith

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acaba de encender todas las alarmas: existe una brecha presupuestal superior a los S/ 280 millones para organizar las Elecciones Generales de abril y las Regionales y Municipales de octubre de 2026. El Gobierno transfirió inicialmente solo S/ 114.1 millones al JNE (parte vía decreto supremo y otra en segunda etapa), cuando la institución reclama S/ 403 millones adicionales que aún no han sido atendidos. Según el propio JNE, esta asignación fragmentada e insuficiente pone en riesgo inmediato la instalación de Jurados Electorales Especiales, el despliegue logístico nacional y la contratación de personal clave para la fiscalización.

Esto no es un detalle técnico. Es un problema estructural que amenaza directamente la calidad y la credibilidad del proceso electoral más importante del país en los próximos años.

Imaginemos lo que ocurre si el JNE no cuenta con los recursos a tiempo. Las elecciones peruanas ya son complejas miles de mesas de sufragio, observadores internacionales, sistemas de transmisión de resultados, capacitación masiva y logística en las zonas más remotas del país. Todo eso exige planificación con meses de anticipación. Cuando los fondos llegan a cuentagotas y con la excusa oficial de que “es solo una primera transferencia” se genera un efecto dominó devastador contratos que no se firman, personal que no se contrata, tecnología que no se prueba y, lo más grave, una sensación generalizada de improvisación.

El Gobierno tiene la obligación constitucional de garantizar el financiamiento oportuno y suficiente del sistema electoral. No se trata de “dar más plata” por generosidad; se trata de cumplir con un deber democrático básico. Argumentar que “ya se transfirieron 702 millones en total” (incluyendo lo de 2025 y la Ley de Presupuesto) no resuelve el problema inmediato que señala el JNE los S/ 189 millones pendientes para financiamiento mínimo operativo.

Desde mi perspectiva, esta discrepancia no es solo un choque técnico entre dos instituciones. Es un síntoma de una mala costumbre de tratar los procesos electorales como un gasto más del presupuesto, en vez de como la columna vertebral de la democracia. Si no se corrige ya, el costo no lo pagará solo el JNE o el MEF. Lo pagaremos todos con unas elecciones cuestionadas, polarizadas y, potencialmente, menos limpias de lo que merecemos.

El mensaje debe ser directo tanto para el Ejecutivo como para el Congreso: resuelvan esta brecha ya. No en abril de 2026, no después de negociaciones eternas. Ahora. Porque las elecciones no son un lujo; son el mecanismo por el cual los peruanos elegimos nuestro futuro. Y un futuro construido sobre un presupuesto electoral incierto es, simplemente, un futuro en riesgo.

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