Escribe: Jhon Smith

El Perú parece atrapado en un bucle interminable de inestabilidad política que ya roza lo patético. La censura aprobada el 17 de febrero de 2026 contra José Jerí con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones no es más que el capítulo más reciente de una tragicomedia que lleva casi una década repitiéndose: ocho cambios en la presidencia (o en la línea de sucesión) en menos de diez años. Jerí, quien asumió en octubre de 2025 tras la salida de Dina Boluarte, duró apenas 130 días. Es el segundo mandato más breve de este periodo caótico. ¿Cuánto más puede aguantar un país esta ruleta rusa institucional?

Lo que más indigna no es solo la rapidez con la que caen los presidentes, sino la absoluta normalización de este mecanismo. El Congreso peruano ha convertido la censura y la sucesión automática del titular del Legislativo en una herramienta de ajuste de cuentas políticos, más que en un control democrático legítimo. Jerí fue censurado por una acumulación de escándalos: reuniones no registradas con empresarios chinos (el famoso “Chifagate”), presuntas contrataciones irregulares de mujeres jóvenes que habrían recibido favores estatales, un desplome brutal en su aprobación ciudadana y el récord histórico de inseguridad ciudadana (extorsiones y homicidios en niveles nunca vistos). Todo eso es grave, sin duda. Pero la pregunta ineludible es ¿por qué el Congreso actúa con tanta ferocidad selectiva contra algunos y con pasmosa lenidad frente a otros?

La respuesta está en el poder real que hoy detenta el Parlamento. Desde 2016, el Legislativo ha destituido a varios presidentes (o forzado su salida) mientras mantiene intacta su propia estructura de impunidad y cuotas de poder. No hay rendición de cuentas real para los congresistas que votan estas censuras muchos de ellos enfrentan investigaciones por corrupción, tráfico de influencias o delitos mucho más graves, pero siguen allí, decidiendo el destino del Ejecutivo. Es un desbalance perverso: el Congreso puede destituir presidentes con mayoría simple (como ocurrió con Jerí), pero nadie puede tocar al Congreso salvo mediante una disolución que requiere condiciones casi imposibles o el resultado de elecciones que, cada vez, parecen más lejanas en impacto real.

Ahora, con la elección del nuevo presidente del Congreso programada para el 18 de febrero (y por ende, del nuevo presidente interino), el país enfrenta otra incertidumbre más. Cuatro listas compiten desde la izquierda de Edgar Raymundo hasta figuras de derecha y centro como Héctor Acuña y María del Carmen Alva, pero ninguna ofrece garantías de estabilidad. El que asuma gobernará apenas hasta el 28 de julio de 2026, salvo que también sea censurado antes. Es decir, cinco meses de gobierno en el mejor de los casos. ¿Quién en su sano juicio invertiría, planificaría o confiaría en un Estado que cambia de timonel cada pocos meses?

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