Escribe: Jhon Smith

El Poder Judicial archivó de manera definitiva la investigación por lavado de activos en el caso Cócteles contra Keiko Fujimori y otros 14 investigados, ejecutando la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional. El Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional declaró el sobreseimiento definitivo del proceso penal seguido contra Keiko Sofía Fujimori Higuchi por el presunto delito de lavado de activos con agravante de organización criminal, dejando sin efecto toda la imputación fiscal original.

Como consecuencia directa, se ordenó el levantamiento inmediato de todas las medidas restrictivas tanto personales como reales que habían sido impuestas durante los años de investigación, lo que significa que Fujimori queda completamente libre de cualquier restricción derivada de este caso.

La resolución judicial enfatiza que no existió lavado de activos ni organización criminal, y que el proceso carecía de sustento jurídico sólido, además de haber vulnerado el debido proceso, considerándose una persecución fiscal sin base constitucional.

Sin embargo, la decisión no beneficia a todos los involucrados: la investigación se mantiene abierta contra Mark Vito Villanella, exesposo de Keiko Fujimori, por los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y lavado de activos relacionado con su empresa.

El caso Cócteles se inició hace casi diez años, cuando la Fiscalía a través del equipo especial Lava Jato, liderado por el fiscal José Domingo Pérez abrió una investigación preliminar por presuntos aportes irregulares e ilícitos a las campañas presidenciales de Fuerza Popular en 2011 y 2016. En octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional anuló toda la investigación y la acusación fiscal, ordenando el archivo inmediato del expediente por considerar que no tenía fundamento legal ni respetaba las garantías constitucionales.

Tras una audiencia en diciembre ante el juez Wilson Verástegui, se esperaba esta resolución final, que se publicó el 14 de enero de 2026. Esta decisión representa un cierre total para Keiko Fujimori después de una década de proceso, y un revés significativo para el equipo fiscal que llevó el caso, cuyo fiscal principal ha sido suspendido en el ejercicio de sus funciones.

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