LUZ VERDE PARA INVESTIGAR A KIRA ALCARRAZ POR ATAQUE A FISCALIZADOR DEL SAT..!!!!
Escribe: Jhon Smith
La Comisión de Ética del Congreso de la República, presidida por el congresista Elvis Vergara, aprobó por mayoría iniciar una investigación preliminar de oficio contra la parlamentaria Kira Alcarraz por la presunta agresión física a un fiscalizador del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Lima. El incidente tuvo lugar durante una intervención de tránsito en la capital, cuando el trabajador público intentaba cumplir con sus funciones habituales de control y fiscalización vehicular. En el video que se difundió ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, se observa claramente cómo la congresista empuja y golpea al servidor, acciones que han sido calificadas como un evidente abuso de autoridad y que generaron un rechazo masivo por parte de la ciudadanía, al considerarse un atentado contra la dignidad de un funcionario en ejercicio de sus labores.
Este caso se suma a otros cuestionamientos previos sobre la conducta de Kira Alcarraz y representa un contraste significativo con el archivo reciente de una denuncia en su contra por presuntas amenazas a una periodista, episodio en el que se señaló la posibilidad de un blindaje político dentro del Congreso. La sesión de la Comisión de Ética se llevó a cabo en la sala Luis Bedoya Reyes del Edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, donde se produjeron intercambios de opiniones entre parlamentarios como Roberto Kamiche (de Alianza para el Progreso) y Héctor Ventura (de Fuerza Popular). Ventura planteó la necesidad de que el fiscalizador agredido se someta primero a un examen médico legista para verificar la existencia real de lesiones, describiendo el hecho como un mero forcejeo en lugar de una agresión intencional, posición que generó críticas y desconcierto en sectores que seguían de cerca el desarrollo del caso.
Pese a estas intervenciones, la mayoría de los integrantes de la comisión respaldó la apertura de la investigación, argumentando que los hechos constituyen una falta grave que afecta directamente la imagen y el prestigio del Parlamento como institución. El proceso busca establecer responsabilidades de manera objetiva y podría concluir en sanciones que van desde una amonestación pública escrita hasta la suspensión temporal en el ejercicio del cargo parlamentario. La evidencia audiovisual y la presión pública ejercida a través de las redes y la opinión ciudadana jugaron un rol determinante en esta decisión, destacando la importancia de que el Congreso demuestre independencia y firmeza al sancionar conductas que vulneran la institucionalidad y erosionan la confianza de la población en sus representantes. Este episodio pone en evidencia la necesidad de mecanismos más efectivos para garantizar el respeto a los funcionarios públicos y evitar que el poder congressional se utilice de forma indebida en situaciones cotidianas.
