GOBIERNO ENCARGA A PROINVERSIÓN LA GESTIÓN DE PETROPERÚ…!!!!!
Escribe: Jhon Smith
El gobierno ha dado un paso decisivo para abordar la crisis estructural de Petroperú al publicar, en la noche del 31 de diciembre de 2025, el Decreto de Urgencia Nº 010-2025, que establece medidas extraordinarias destinadas a garantizar la reorganización patrimonial de la empresa estatal y mantener la continuidad en el abastecimiento nacional de hidrocarburos.
Este decreto autoriza la división de los activos de Petroperú en bloques patrimoniales autónomos e independientes, una estructura que permite separar unidades de negocio y facilita su gestión individual. Entre estos bloques podría incluirse la Nueva Refinería de Talara, uno de los activos más estratégicos y costosos de la compañía. El objetivo central es abrir espacio a la inversión privada, atrayendo socios o operadores que aporten capital y eficiencia operativa.
La conducción completa de este proceso ha sido delegada a ProInversión, la agencia estatal especializada en promoción de inversión privada. Esta entidad asumirá un rol integral: desde el diseño del plan de reorganización hasta su ejecución final, incluyendo la representación de los derechos accionarios del Estado, la posible transferencia de activos a fideicomisos y la selección de operadores especializados para el manejo de las unidades de negocio. Todo el proceso deberá regirse por criterios estrictos de transparencia, eficiencia y tecnicismo.
La norma responde directamente a la grave situación financiera de Petroperú, descrita como una crisis de solvencia que impide a la empresa atender sus obligaciones inmediatas sin recurrir constantemente al apoyo estatal. La compañía ha registrado pérdidas operativas acumuladas, reducción drástica de líneas de crédito y falta de liquidez. Según cifras oficiales del Ministerio de Energía y Minas, a octubre de 2025 las pérdidas netas alcanzaban los S/ 1,611 millones, mientras que las deudas pendientes con proveedores superaban los S/ 2,569 millones al cierre de diciembre.
En los últimos tres años (2022-2024), el Estado ha destinado un total de S/ 17,888 millones en apoyo financiero a Petroperú, una suma que supera los presupuestos anuales completos de sectores esenciales como Salud o Educación. Este flujo constante de recursos públicos no ha logrado resolver los problemas de fondo, lo que justifica la intervención más profunda ahora dispuesta.
Con estas medidas, el Ejecutivo busca no solo recuperar la sostenibilidad financiera de la empresa, sino también eliminar prácticas de mala administración y privilegios que han afectado el uso adecuado de los recursos públicos.
Para respaldar el trabajo de ProInversión se ha autorizado un financiamiento de hasta S/ 144 millones durante 2026. Los ingresos que generen los nuevos bloques patrimoniales deberán destinarse prioritariamente al pago de pasivos críticos y obligaciones financieras pendientes.
Adicionalmente, el decreto contempla una transferencia de S/ 240 millones desde el Ministerio de Energía y Minas hacia Petroperú, destinada específicamente a financiar la reorganización interna y eventuales medidas relacionadas con el personal. El directorio de la empresa tiene un plazo máximo de 30 días hábiles para aprobar estas acciones, siempre respetando la normativa laboral vigente y los derechos adquiridos de los trabajadores.
Días antes, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, había adelantado la preparación de esta norma, subrayando que seguir inyectando recursos solo para cubrir deudas no constituye una solución estructural. Al mismo tiempo, garantizó que cualquier ajuste respetaría los beneficios sociales y derechos laborales del personal.
El Gobierno ha enfatizado que no existe riesgo real de desabastecimiento para el consumidor final, especialmente en zonas como la selva peruana. Petroperú opera principalmente como productor y comercializador mayorista, con alta concentración en regiones como Loreto (97% en grandes clientes) y Ucayali (91%). Sin embargo, la distribución minorista está dominada por operadores privados: en Loreto solo 11 de 114 grifos pertenecen a la red de Petroperú, y en Ucayali son 24 de 181. Esta cobertura privada actúa como amortiguador ante posibles interrupciones.
El decreto de urgencia tendrá una vigencia de un año, período durante el cual el Ejecutivo realizará un seguimiento permanente para verificar el avance hacia la recuperación de la viabilidad financiera de la empresa estatal.
