Escribe: Jhon Smith

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizó la ceremonia de suscripción del Pacto Ético Electoral el 18 de diciembre de 2025 en el hotel Sheraton de Lima, con el objetivo de establecer un decálogo de compromisos voluntarios para garantizar una campaña respetuosa y transparente de cara a las elecciones generales del 12 de abril de 2026. Este pacto incluye diez puntos clave: promover campañas sin agresiones ni insultos, aceptar los resultados electorales, respetar los plazos para retirar propaganda, transparentar el uso de bienes públicos y los ingresos y gastos de campaña, rechazar aportes ilícitos, evitar la difusión de noticias falsas o manipuladas (incluyendo el uso responsable de redes sociales e inteligencia artificial), combatir el acoso político y la discriminación, y ser claros en la presentación de planes de gobierno y propuestas.

De las 38 organizaciones políticas inscritas y habilitadas para participar en los comicios, solo 29 suscribieron el documento, lo que representa una mayoría pero deja en evidencia divisiones en el espectro político peruano. Entre los firmantes se encuentran agrupaciones como Alianza para el Progreso, Avanza País, Fuerza Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Juntos por el Perú, Partido Morado, Acción Popular (a través de sus representantes), el Partido Aprista Peruano, Frepap y varias alianzas menores como Alianza Venceremos y Unidad Nacional, entre otras.

Por otro lado, nueve partidos optaron por no adherirse al pacto, generando ausencias notables y algunos incidentes durante el evento. Los que se negaron son: Renovación Popular (liderado por el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga), Perú Libre (cuyo referente principal es el prófugo Vladimir Cerrón), Un Camino Diferente (con candidata presidencial Rosario Fernández Bazán), Alianza Fuerza y Libertad (asociada a la ex titular de Essalud, Fiorella Molinelli), Ciudadanos por el Perú, Fe en el Perú de Álvaro Paz de la Barra, Partido Demócrata Unido Perú, Partido Frente de la Esperanza 2021 y Partido Patriótico del Perú.

Destaca el caso de Rosario Fernández Bazán, quien asistió a la ceremonia, pronunció un discurso criticando que algunos partidos presentes habían sido «financiados irregularmente» y declaró que «la ética no se firma, sino que se practica», para luego retirarse sin suscribir el documento, lo que generó un momento de tensión. Perú Libre y Renovación Popular mantienen su rechazo a este tipo de pactos desde las elecciones de 2021, y en esta ocasión ni siquiera enviaron representantes, posiblemente influido por la situación legal de Cerrón (con orden de captura) y la agenda de López Aliaga.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, enfatizó que el pacto no es un trámite simbólico, sino un compromiso vinculante construido tras mesas de trabajo con los propios partidos y aportes ciudadanos, y que busca fortalecer la democracia con argumentos en lugar de insultos. Algunos representantes de partidos firmantes, como José Williams de Avanza País, minimizaron las ausencias argumentando que los no presentes podrían estar enfocados en campaña, mientras que otros, como Enrique Valderrama del Apra, lo calificaron como una «falta grave» de buena fe.

Esta división refleja las fracturas persistentes en la política peruana, donde partidos de extremos ideológicos o con líderes enfrentando controversias judiciales muestran reticencia a compromisos éticos colectivos, a pesar de que el pacto es voluntario y busca enviar una señal positiva al electorado sobre la madurez democrática de cara a un proceso con más de tres decenas de opciones partidarias.

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