Escribe: Jhon Smith

El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es un mecanismo creado en 2012 para permitir que pequeños mineros y artesanales en situación informal inicien un proceso de regularización de sus actividades, distinguiéndolos temporalmente de la minería ilegal mientras cumplen requisitos como inscripción, compromisos ambientales y declaración de operaciones. Sin embargo, desde su origen ha sido prorrogado en múltiples ocasiones, lo que ha generado críticas por convertirse en una «zona gris» que facilita el blanqueo de mineral ilegal, reduce la fiscalización efectiva y exime temporalmente de responsabilidad penal por delito de minería ilegal a los inscritos.

En el contexto actual, el Pleno del Congreso aprobó el 4 de diciembre de 2025, en primera votación, un dictamen que extiende la vigencia del Reinfo hasta el 31 de diciembre de 2026, o hasta la entrada en vigor de la Ley de Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) y su reglamento, lo que ocurra primero. Esta prórroga recibió 60 votos a favor, con apoyo mayoritario de las 12 bancadas parlamentarias, aunque con divisiones internas: abstenciones y votos en contra en varios bloques. El respaldo más sólido provino de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú.

Durante ese debate, se rechazó por separado la reincorporación excepcional de más de 50 mil mineros excluidos del registro (muchos depurados en 2025 por incumplimientos normativos bajo la gestión anterior), con 46 votos en contra frente a 43 a favor. Solo Renovación Popular votó unánimemente en contra de esta reincorporación. También se desestimó la suspensión de procesos de exclusión en curso (47 contra 41). Estas exclusiones habían permitido un aumento en la recaudación tributaria, según datos de la Sunat, al diferenciar mejor entre informales e ilegales.

La segunda y definitiva votación está programada para el 17 de diciembre de 2025 en la Comisión Permanente, que asume funciones plenarias durante el receso legislativo. Fuentes indican que la aprobación se considera casi segura, dado el amplio respaldo inicial. Durante la ampliación, el Ministerio de Energía y Minas deberá implementar acompañamiento técnico, supervisión ambiental y social, un censo nacional del sector y sinceramiento de ubicaciones operativas.

Esta medida responde a presiones de mineros informales, que se manifestaron frente al Congreso, y busca dar continuidad a más de 30 mil procesos en curso. No obstante, especialistas y gremios empresariales advierten que extensiones repetidas perpetúan la informalidad, debilitan controles estatales y agravan impactos ambientales y sociales, al mantener un esquema que, en la práctica, ha servido más para encubrir actividades ilícitas que para lograr formalización efectiva. El Ejecutivo influyó en limitar la prórroga a solo un año, rechazando propuestas iniciales más largas hasta 2027, para preservar mecanismos de control.

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