Escribe: Jhon Smith

El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder Judicial (Eficcop), conocido como Equipo Lava Jato, ha elevado su investigación contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski Godard (PPK) en el marco del caso IIRSA Norte, solicitando una pena de ocho años de prisión efectiva por los presuntos delitos de colusión y negociación incompatible. Esta acusación se centra en presuntas irregularidades cometidas durante la concesión y supervisión del megaproyecto Carretera Interoceánica Norte, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y ejecutado en gran parte por la constructora brasileña Odebrecht, en el contexto de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA).

La solicitud fiscal, presentada recientemente ante el Poder Judicial, detalla cómo Kuczynski, en su rol como ministro de Economía y Finanzas entre 2001 y 2006, habría influido en la adjudicación de la concesión del tramo II del proyecto a favor del consorcio liderado por Odebrecht, sin seguir los procedimientos estándar de licitación pública. Según la tesis fiscal, liderada por el coordinador Rafael Vela y el fiscal Germán Juárez Atoche, PPK habría concertado acciones con representantes de la constructora para agilizar pagos y aprobaciones, ocasionando un perjuicio económico al Estado peruano estimado en millones de dólares. Entre los indicios clave, se mencionan transferencias irregulares a empresas vinculadas al expresidente, como Westfield Capital y First Capital, por concepto de «asesorías» que totalizaron al menos 4.8 millones de dólares entre 2004 y 2007, coincidiendo con etapas críticas de la ejecución del proyecto.

El caso IIRSA Norte, iniciado en 2005, abarca más de 1,100 kilómetros de vías que conectan regiones amazónicas como Piura, Cajamarca y Amazonas con Brasil, con un costo inicial de 580 millones de dólares. La fiscalía sostiene que Odebrecht, a través de su gerente regional Jorge Barata, pagó sobornos para asegurar la buena pro del contrato, y que Kuczynski, como presidente del Consejo Directivo de ProInversión, omitió controles necesarios para favorecer al consorcio. Documentos intervenidos en allanamientos a sedes de Odebrecht en Brasil revelan correos y actas que aluden a «consultorías encubiertas» dirigidas a Kuczynski, quien habría actuado como intermediario para suavizar auditorías del BID y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Además de la pena principal de ocho años, la acusación incluye la inhabilitación perpetua para el ejercicio de la función pública y una reparación civil de 10 millones de soles al Estado. Otros implicados en la formalización incluyen a exfuncionarios como José Luis Bernaola, exviceministro de Transportes, y representantes de la concesionaria Covisur, como Eleuberto Martorelli, quien en su declaración en Curitiba (Brasil) en 2019 admitió pagos irregulares por supervisión de obras. La fiscal Geovanna Mori, parte del equipo, ha solicitado la prisión preventiva de varios de estos coacusados, argumentando riesgo de fuga y obstrucción a la justicia. Este nuevo capítulo contra PPK se suma a sus múltiples investigaciones por corrupción.

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