GOBIERNO AFIRMA NO HAY ESPACIO PARA EXTRANJEROS IRREGULARES…!!!!!
Escribe: Jhon Smith
El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, enfatizó durante un operativo de control territorial en Villa El Salvador que los migrantes extranjeros en situación irregular ya no tienen espacio en el territorio peruano, subrayando una política de mano dura impulsada por el Ejecutivo para fortalecer la seguridad fronteriza y prevenir el ingreso indocumentado. Esta declaración se produjo en el marco de una acción conjunta con la Policía Nacional del Perú (PNP) y la participación del ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, donde se desplegaron 280 efectivos policiales en puntos críticos de la capital, interviniendo a 100 extranjeros en las primeras horas del día para verificar su estatus migratorio; de estos, seis fueron detectados en condición irregular y derivados a las autoridades competentes.
Tiburcio detalló que el gobierno ha decretado un estado de emergencia en seis provincias y 28 distritos de las zonas fronterizas, con énfasis en regiones como Tacna, Desaguadero y Madre de Dios, donde se implementan medidas diferenciadas para intensificar el control de ingresos y salidas. «Aquellas personas que siempre venimos detectando que se encuentren en forma irregular ya no tienen espacio para estar aquí en nuestro territorio peruano», afirmó el ministro, insistiendo en la continuidad de operativos de verificación, intervención y registro de personas y vehículos en tránsito, con el objetivo de erradicar la presencia de indocumentados y garantizar la soberanía nacional.
Esta postura se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la migración irregular en el país, donde el Ejecutivo busca equilibrar la seguridad interna con el control efectivo de las fronteras, promoviendo una respuesta coordinada entre ministerios para disuadir futuras entradas no autorizadas y agilizar los procesos de deportación o regularización cuando corresponda. El operativo en Villa El Salvador sirvió como ejemplo práctico de esta estrategia, destacando la eficiencia inicial en la detección de irregularidades y la disposición de recursos para expandir estas acciones a nivel nacional.
