¡VERGÜENZA NACIONAL! FISCAL QUE ACORRALABA Y QUERIA DETENER A ALAN GARCÍA APARECE CON US$ 3.000..!!!!!
Escribe: Jhon Smith
La Policía Nacional del Perú llevó a cabo la detención de un fiscal provincial adjunto identificado como Henry Amenábar Almonte, de 52 años, en el distrito de Miraflores. El incidente ocurrió específicamente en el baño de un centro comercial Saga Falabella, donde el funcionario fue capturado en flagrancia por agentes de la Dirección contra la Corrupción (Dircocor). Según los detalles de la operación, Amenábar Almonte fue sorprendido recibiendo un soborno en efectivo por un monto de 3.000 dólares estadounidenses, presuntamente a cambio de ofrecer favores en una investigación penal.
El contexto del caso revela que el fiscal habría exigido inicialmente una suma mucho mayor, de 20.000 dólares, a un ciudadano que estaba siendo investigado por un delito relacionado con la tenencia de drogas. Aparentemente, el pago parcial de 3.000 dólares era parte de este acuerdo ilícito, con el objetivo de influir en el proceso judicial para beneficiar al implicado, posiblemente archivando o manipulando la causa en su favor. Las autoridades policiales actuaron basándose en una denuncia previa y una vigilancia que permitió intervenir en el momento exacto de la transacción.
Este evento se enmarca en una serie de escándalos recientes que involucran a funcionarios públicos en actos de corrupción, como cohecho pasivo propio. En casos similares, se han reportado detenciones de policías y otros fiscales acusados de solicitar pagos irregulares para evitar multas, agilizar trámites o interferir en procedimientos legales. Tras la captura, se inició un proceso de investigación formal contra Amenábar Almonte, quien ahora enfrenta cargos por corrupción, aunque no se han proporcionado detalles adicionales sobre su situación legal inmediata, como posibles suspensiones o audiencias preliminares.
Un comunicado difundido por fuentes como Latina Noticias destaca que el fiscal fue intervenido con el dinero en la mano, confirmando la solicitud inicial de los 20.000 dólares para alterar el curso de la investigación penal en contra del ciudadano afectado. Este tipo de operaciones subraya los esfuerzos de las instituciones peruanas por combatir la corrupción en el sistema judicial, aunque genera preocupación sobre la integridad de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.
