INHABILITACIÓN DE PEDRO CASTILLO POR 10 AÑOS RECIBE RESPALDO DE SIETE BANCADAS..!!!!
Escribe: Jhon Smith
El informe final de la Comisión Permanente del Congreso peruano, aprobado el pasado 25 de noviembre, representa un capítulo culminante en la investigación sobre el fallido autogolpe de Estado perpetrado por Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. Aquel día, el entonces presidente irrumpió en la historia política del país con un mensaje televisado que sacudió las bases institucionales: disolución del Parlamento, intervención de los poderes Judicial, Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional, junto con la convocatoria a elecciones para un Congreso con facultades constituyentes. Estas acciones no fueron un arrebato improvisado, sino el resultado de una cadena de maniobras previas que el informe detalla con precisión quirúrgica. Documentos y testimonios revelan que Castillo impartió órdenes directas al comandante general de la Policía Nacional, Raúl Alfaro, para que procediera al cierre físico del Palacio Legislativo y la detención de figuras clave como la fiscal de la Nación en ese momento, Patricia Benavides. Incluso se menciona la movilización de agentes encubiertos y la preparación de un decreto supremo que nunca vio la luz, pero que evidencia una premeditación que roza lo conspirativo.
La aprobación de este informe en la Comisión Permanente no fue un trámite unánime, sino un reflejo de las fracturas ideológicas que aún dividen al hemiciclo. Siete bancadas, que en conjunto reúnen una porción significativa de los escaños, alzaron la voz a favor de la inhabilitación por 10 años: Fuerza Popular, con su liderazgo que siempre ha visto en Castillo un adversario ideológico; Alianza para el Progreso, el bloque de César Acuña enfocado en agendas regionales pero firme en defender la institucionalidad; Renovación Popular, el espacio ultraconservador de Rafael López Aliaga, quien no ha escatimado en críticas al exmandatario; Somos Perú, que aportó su voto en una postura pragmática; Acción Popular, hereda de la tradición chalaca y ahora alineada con el anticomunismo; Avanza País, el partido que busca posicionarse como baluarte del orden; y Honor y Democracia, un grupo menor pero decisivo en esta coalición. Juntos, estos 13 votos superaron los seis en contra, provenientes de Juntos por el Perú-Voces del Pueblo-Bloque Magisterial, Perú Libre el reducto de los simpatizantes más leales a Castillo, la Bancada Socialista y el Bloque Democrático Popular. La abstención de Podemos Perú, bajo el controvertido José Luna Gálvez, añade un matiz de oportunismo político, ya que el congresista ha oscilado entre alianzas y críticas sin comprometerse del todo en este debate.
Este respaldo mayoritario no garantiza, sin embargo, el éxito en el Pleno del Congreso, convocado para mañana miércoles 3 de diciembre. La norma es clara y exigente: se necesitan dos tercios de los 130 congresistas, es decir, al menos 87 votos favorables, excluyendo a los miembros de la Comisión Permanente que ya se pronunciaron. En un Parlamento donde las alianzas son tan volátiles como el clima andino, el umbral podría ser un obstáculo insalvable si las disidencias internas o las presiones externas erosionan el frente. Voces como la de Fuerza Popular, han defendido el informe como un «deber moral» para blindar la democracia, argumentando que la inhabilitación no es venganza, sino prevención contra futuros desmanes. Por el contrario, defensores de Castillo, como Ruth Luque de Perú Libre, lo tildan de «persecución política», insistiendo en que el exmandatario actuó bajo coacción de un Congreso hostil que lo vacó horas después de su anuncio, dejando al país en un limbo de tres días de incertidumbre.
Este proceso legislativo corre en paralelo a la dimensión penal que ya ha marcado el destino de Castillo. El Poder Judicial, en una sentencia que aún resuena en los pasillos de Palacio de Justicia, impuso al expresidente 11 años, 5 meses y 15 días de prisión efectiva por el delito de conspiración para la rebelión, una calificación que agrava la narrativa de un intento deliberado de subvertir el orden constitucional. La inhabilitación accesoria de dos años palidece ante la propuesta congresal de una década, pero ambos fallos se entrelazan para forjar un legado de exclusión política. No estuvo solo en el banquillo: su expremier Betssy Chávez y el entonces ministro del Interior, Vicente Romero, recibieron idénticas condenas, mientras que Aníbal Torres, el abogado que fungió como premier interino, escapó con 6 años y 6 meses de pena suspendida, a la espera de una segunda instancia que podría ratificar o revertir su suerte. Recluido en el penal de Barbadillo, un bastión de máxima seguridad en las afueras de Lima, Castillo ha pasado más de dos años en aislamiento relativo, convirtiéndose en un símbolo polarizante: mártir para sus bases rurales y sindicales, villano para la élite limeña.
La votación de mañana no solo definirá el futuro político de Pedro Castillo, sino que pondrá a prueba la cohesión de un Congreso que, desde la disolución fallida, ha lidiado con escándalos propios: desde investigaciones por corrupción hasta intentos de reforma constitucional que fracasan en el aire. Si prospera la inhabilitación, Perú cerraría un ciclo de confrontación que costó dos presidentes en 2022 Castillo y su sucesora Dina Boluarte, aún en el ojo del huracán por protestas reprimidas. De lo contrario, el espectro de un retorno, aunque remoto, avivaría las llamas de un debate nacional sobre impunidad y accountability. En cualquier escenario, el 7 de diciembre de 2022 sigue siendo una herida abierta en la frágil democracia peruana, recordándonos que los equilibrios de poder se sostienen en votos, no en decretos disueltos.
