DEFINICIÓN DEL CASO COCTELES: JUEZ EVALÚA ARCHIVO EL 19 DE DICIEMBRE..!!!!!
Escribe: Jhon Smith
El juez Wilson Verástegui ha programado para este viernes 19 de diciembre una audiencia clave en la que evaluará si procede el archivo del caso Cócteles contra la excandidata presidencial Keiko Fujimori, en cumplimiento estricto de la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional (TC). Esta diligencia, que se llevará a cabo de manera presencial a partir de las 9:00 de la mañana en la sede de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada, representa un momento decisivo en un proceso que ha marcado la agenda política peruana durante más de una década. Aunque el TC ya ha anulado la investigación por aportes ilícitos de campaña, corresponde exclusivamente a un juez penal como Verástegui determinar si acata íntegramente el fallo, derivado de un hábeas corpus interpuesto por Fujimori, lo que añade una capa adicional de revisión judicial para garantizar la correcta aplicación de la norma.
El fallo del TC, emitido en octubre pasado, establece con claridad que los abonos realizados para actividades proselitistas antes de noviembre de 2016 fecha en que entró en vigor el Decreto Legislativo 1249, que incorporó el lavado de activos en la modalidad de receptación patrimonial no pueden ser calificados como delitos. En el caso de Fujimori, las imputaciones se centran en presuntos ingresos de dinero ilegal destinados a financiar sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, actividades que se extendieron hasta junio de ese año. Además, el máximo intérprete de la Constitución concluyó que el Ministerio Público no ha logrado corroborar de manera fehaciente si los fondos aportados por la constructora brasileña Odebrecht implicada en el escándalo de corrupción Lava Jato provenían efectivamente de fuentes ilícitas. Esta resolución no solo cuestiona la base probatoria de la acusación, sino que también invita a una reflexión más amplia sobre la tipificación de delitos electorales en el marco normativo peruano, donde la precisión en la trazabilidad de los fondos resulta indispensable para sostener cualquier imputación penal.
Por su parte, el fiscal José Domingo Pérez, quien ha dedicado diez años a elaborar esta investigación exhaustiva, ha manifestado su intención de requerir que se mantenga la acusación contra Fujimori Higuchi y otros implicados, con el objetivo de llevar el caso a juicio oral. Pérez argumenta que existen elementos suficientes en el expediente para demostrar la irregularidad en el financiamiento de Fuerza Popular, el partido liderado por la hija del ex presidente Alberto Fujimori. Sin embargo, la decisión final recaerá en Verástegui, quien deberá equilibrar el mandato constitucional con las pretensiones del Ministerio Público, en un contexto de alta tensión política que podría influir en el panorama electoral de 2026, donde Fujimori aspira a una nueva candidatura.
La demora en la fijación de esta audiencia que se pospuso desde octubre hasta diciembre responde a un episodio controvertido que involucró una solicitud de inhibición por parte del propio juez. Verástegui decidió apartarse temporalmente del caso tras una publicación en el semanario Hildebrandt en sus Trece, que reveló supuestos vínculos con César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP) y también candidato presidencial. El magistrado negó categóricamente cualquier «gran amistad» con Acuña, aunque admitió que su padre mantenía una relación cercana con el político. Esta situación generó dudas sobre la imparcialidad, llevando a Verástegui a priorizar la transparencia procesal. No obstante, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional rechazó la inhibición el 18 de noviembre, ratificando su competencia en el caso. En su resolución oficial, la sala enfatizó que no existe relación directa entre Verástegui y Acuña, y que este último no está involucrado en las imputaciones contra Fujimori.
El caso Cócteles, nombrado así por las supuestas fiestas y eventos de campaña financiados irregularmente, se enmarca en un entramado más amplio de investigaciones por corrupción que han salpicado al fujimorismo desde el estallido del caso Odebrecht en 2016. Este escándalo, que involucró sobornos millonarios a funcionarios peruanos a cambio de contratos de obras públicas, derivó en la imputación a Fujimori de haber recibido al menos 1.2 millones de dólares de la constructora brasileña para sus campañas, según testimonios de ejecutivos como Jorge Barata. La pesquisa inicial, liderada por el equipo especial Lava Jato, acumuló evidencias como chats interceptados, declaraciones de colaboradores eficaces y registros contables que sugerían un esquema de «caja dos» en Fuerza Popular. Sin embargo, el hábeas corpus resuelto por el TC introdujo un giro argumentativo: al declarar nula la fase de investigación preparatoria, el tribunal no solo protegió derechos procesales, sino que también cuestionó la retroactividad de normas penales y la carga de la prueba en delitos de financiamiento ilícito. Esta interpretación ha sido elogiada por la defensa de Fujimori como un triunfo del debido proceso, pero criticada por sectores de la fiscalía y la sociedad civil como un obstáculo.
Las implicaciones para Keiko Fujimori trascienden lo judicial: un archivo del caso podría revitalizar su imagen pública, erosionada por años de procesos penales que la han mantenido con restricciones de viaje y bajo vigilancia electrónica. Fujimori, quien ha negado sistemáticamente las acusaciones y las ha calificado como persecución política, ha utilizado este fallo para reforzar su narrativa de víctima de un sistema judicial sesgado. En contraste, para el Ministerio Público y figuras como Pérez quien ha enfrentado intentos de remoción y amenazas, mantener la acusación representa un bastión contra la impunidad en casos de alto perfil. La audiencia del 19 de diciembre, por ende, no solo definirá el destino de esta investigación emblemática, sino que también podría sentar precedentes para futuras causas relacionadas con financiamiento electoral, en un país donde la transparencia en las campañas sigue siendo un desafío pendiente. Mientras tanto, el debate público se intensifica, con analistas jurídicos divididos entre quienes ven en el fallo del TC una corrección técnica y quienes lo perciben como un resquicio para eludir responsabilidades. El desenlace, sea cual fuere, recordará una vez más la intersección inextricable entre justicia y poder en el Perú contemporáneo.
