Escribe: Jhon Smith

La reciente solicitud formal presentada por la expresidenta Dina Boluarte al Congreso de la República, apenas diez días después de su vacancia por incapacidad moral permanente el 10 de octubre de 2025, su abogado Juan Carlos Portugal ha salido a aclarar el monto exacto de la pensión vitalicia que tiene derecho a reclamar la exmandataria vacada. Según Portugal, en una entrevista concedida a Exitosa Noticias el 24 de noviembre, Boluarte no aspira a los 35.568 soles mensuales que representaría el sueldo presidencial elevado durante su propio mandato, sino al equivalente al salario base de un congresista en actividad, que asciende a 15.600 soles. «No se trata de mendigar un derecho, sino de ejercer lo que le corresponde por ley como exmandataria constitucional», enfatizó el letrado, recordando que la Ley N° 26519, promulgada en 1995, otorga este beneficio a los expresidentes equivalentes al total de ingresos de un parlamentario, extensible a sus herederos en caso de fallecimiento.

Esta precisión llega en medio de un escándalo mediático desatado por un dominical que inicialmente estimaba la pensión entre 26.000 y 35.000 soles, dependiendo de si el Congreso y el Consejo de Ministros validan el incremento salarial presidencial que Boluarte impulsó en julio de 2025, pasando de 15.600 a 35.568 soles. Sin embargo, Portugal insiste en que esa actualización no aplica aquí, ya que el cálculo se ancla en el sueldo congresal vigente y no en el presidencial, evitando así lo que ha sido calificado como un «conflicto de intereses» por críticos como la periodista Milagros Leiva, quien en Willax Televisión ironizó: «Que venda sus relojes para no burlarse del Perú». Leiva aludía a las investigaciones en curso contra Boluarte por presunta corrupción en la adquisición de joyas de lujo, sumadas a las decenas de muertes durante las protestas sociales de 2022-2023, que motivaron su destitución.

El pedido de Boluarte, remitido al presidente del Congreso en funciones, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), no se limita a la pensión. Invocando el Acuerdo de Mesa N° 078-2016-2017/MESA-CR, la exmandataria exige también beneficios logísticos de por vida: un vehículo oficial sin restricciones para desplazamientos privados, 150 galones de gasolina mensuales (equivalentes a 2.200-2.500 soles), dos agentes de seguridad del Estado, un chofer o trabajador CAS con remuneración de 3.700 soles, y la continuidad de su seguro de salud privado de alto costo, lo que podría sumar unos 6.200 soles adicionales al mes. Estos privilegios, argumenta Portugal, son estándar para exjefes de Estado y no dependen de la vacancia, siempre que no medie una acusación constitucional aprobada, como explica el constitucionalista Alejandro Rospigliosi en RPP: «Tiene derecho mientras no haya sentencia en su contra».

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te pueden interesar