TC EVALUARÁ MAÑANA LEY DE IMPUTACIÓN PENAL A MENORES DE 16 Y 17 AÑOS..!!!!
Escribe: Jhon Smith
El Tribunal Constitucional (TC) del Perú se encuentra en un momento decisivo para el futuro del sistema de justicia juvenil. Mañana, 25 de noviembre de 2025, los magistrados analizarán en audiencia pública la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Poder Judicial contra la Ley N° 32330, una normativa promulgada en septiembre de este año que ha generado un intenso debate nacional al declarar penalmente imputables a adolescentes de 16 y 17 años por la comisión de delitos graves. Esta ley modifica el artículo 20 del Código Penal y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes, permitiendo que estos jóvenes sean procesados como adultos en casos como homicidio, extorsión, violación sexual, sicariato o delitos de terrorismo, entre otros tipificados en una extensa lista de artículos del Código Penal y el Decreto Ley 25475.
La demanda, presentada inicialmente por la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, y respaldada por la Fiscalía de la Nación a través de su titular, Delia Espinoza Valenzuela, argumenta que la ley vulnera principios constitucionales fundamentales, como el interés superior del niño, la progresividad de los derechos humanos y la obligación del Estado de garantizar un tratamiento diferenciado y socioeducativo para los menores en conflicto con la ley. Según la magistrada Tello, la norma «sustrae indebidamente a los adolescentes del sistema penal juvenil especializado y los traslada al proceso penal ordinario, diseñado para adultos con una lógica puramente punitiva que ignora su desarrollo psicológico, emocional y social». Esta posición se alinea con estándares internacionales ratificados por el Perú, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que prioriza la rehabilitación sobre la criminalización y advierte contra la equiparación de menores con adultos en materia penal.
El contexto de esta evaluación es particularmente alarmante. Datos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) revelan que, hasta julio de 2025, al menos 71 adolescentes de 16 y 17 años ya se encuentran recluidos en penales junto a adultos, una situación que genera estigmatización profunda y reduce drásticamente sus posibilidades de reinserción social. En total, el sistema penal juvenil alberga a 3.520 adolescentes 1.914 en régimen cerrado y 1.606 en libertad, pero la implementación del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes de 2017 sigue rezagada, con deficiencias en infraestructura, personal especializado y programas de rehabilitación. Críticos de la ley, incluyendo la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos, sostienen que en lugar de endurecer las penas, el Estado debería invertir en prevención y fortalecimiento del sistema juvenil, ya que equiparar a estos jóvenes con adultos no solo contraviene tratados internacionales, sino que agrava ciclos de violencia en un país donde la criminalidad organizada cada vez más recluta a menores.
Por el contrario, defensores de la Ley 32330, principalmente desde el Congreso que la aprobó por insistencia en abril de 2025, argumentan que responde a la creciente ola de delitos graves cometidos por adolescentes, como extorsiones y homicidios ligados a bandas criminales. La norma establece medidas como internamientos de 6 a 8 años para estos casos, con separación absoluta de adultos para internos de 17 a 21 años, y promete mecanismos de rehabilitación. Sin embargo, el Gobierno aún no ha detallado cómo se financiarán o aplicarán estas disposiciones, lo que ha sido calificado como una «promesa vacía» por la Fiscalía. Espinoza Valenzuela ha sido enfática: «Si la criminalidad instrumentaliza a niños de cada vez menor edad, no podemos seguir cambiando leyes para perseguirlos como adultos; eso solo perpetúa el problema».
La audiencia de mañana podría marcar un precedente clave. Si el TC declara la inconstitucionalidad, se revertiría un cambio que, según expertos, representa un retroceso en derechos humanos y podría sobrecargar el sistema penal ordinario sin resolver las raíces de la delincuencia juvenil. En un panorama donde el 70% de los adolescentes en conflicto provienen de contextos de pobreza extrema y falta de oportunidades, esta decisión no solo definirá el destino de cientos de jóvenes, sino que pondrá a prueba el compromiso del Perú con una justicia restaurativa y no meramente represiva. Mientras tanto, instituciones como el Ministerio Público urgen a fortalecer políticas preventivas, recordando que la verdadera seguridad social se construye protegiendo el desarrollo de quienes aún están en formación, no castigándolos como si ya lo hubieran completado.
