Escribe: Jhon Smith

El Poder Ejecutivo, encabezado por el presidente José Jerí, presentó este jueves 20 de noviembre al Congreso de la República el Proyecto de Ley N° 13280/2025-PE, mediante el cual solicita la delegación de facultades legislativas por un plazo de 60 días calendario para emitir decretos en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, así como en crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional. El documento, firmado por el mandatario y el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, fue remitido con carácter de «muy urgente» al primer vicepresidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro, invocando el artículo 105 de la Constitución para agilizar su trámite.

En su exposición de motivos, el Ejecutivo describe una «crisis de seguridad ciudadana sin precedentes», caracterizada por el incremento exponencial de delitos como extorsión, sicariato, secuestro y control territorial por bandas criminales, que afectan no solo a Lima sino a regiones de costa, sierra y selva. Se argumenta que esta situación exige respuestas extraordinarias y rápidas que el trámite legislativo ordinario no permite, proponiendo 23 medidas prioritarias, entre ellas la creación de un Subsistema Especializado contra la Extorsión y Delitos Conexos (SEEDC), la regulación de una Brigada Canina Penitenciaria, modificaciones al Código Penal para endurecer sanciones y proteger información reservada en investigaciones, así como reformas procesales para agilizar la persecución penal y fortalecer el sistema penitenciario.

El pedido también incorpora aspectos económicos, al señalar que la inseguridad, junto a riesgos como conflictividad social, eventos climáticos extremos y tensiones geopolíticas internacionales, amenaza las proyecciones de crecimiento para 2025 y 2026. En este ámbito, se busca emitir normas que impulsen la reactivación responsable, eliminen barreras burocráticas y promuevan inversiones en sectores clave impactados por la delincuencia, como transporte, construcción y comercio.

A través de su cuenta en X, el presidente Jerí anunció personalmente la presentación del proyecto y solicitó al Congreso un «pronto debate y votación», enfatizando que estas facultades complementarán las acciones ya en marcha en la «guerra contra la delincuencia». «Acabamos de presentar el PL de delegación de facultades para legislar principalmente en seguridad ciudadana, lo cual va a complementar las acciones que se vienen ejecutando en la guerra contra la delincuencia», escribió el mandatario, adjuntando el oficio correspondiente.

Esta solicitud se produce en un contexto de alta percepción de inseguridad entre la ciudadanía, con encuestas que colocan el tema como la principal preocupación nacional, y tras anuncios previos del propio Jerí y del premier Álvarez sobre la necesidad de herramientas extraordinarias para enfrentar el crimen organizado. De aprobarse, el Ejecutivo podría emitir decretos legislativos con fuerza de ley en los ámbitos delegados, sin pasar por el debate parlamentario habitual, aunque estos deberán ser posteriormente revisados por el Congreso. Fuentes del Legislativo indicaron que el proyecto ingresará pronto a la Comisión de Constitución para su dictamen, en un escenario donde bancadas mayoritarias han mostrado disposición a respaldar medidas de mano dura contra la delincuencia, aunque persisten voces críticas que advierten sobre el riesgo de concentrar excesivo poder en el Ejecutivo en temas sensibles como modificaciones penales y protección de información reservada.

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