Escribe: Jhon Smith

El Poder Judicial, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dictó este viernes 21 de noviembre cinco meses de prisión preventiva contra la ex presidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino, en el marco del proceso que enfrenta como presunta coautora del delito de rebelión por su participación en el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, encabezado por el entonces mandatario Pedro Castillo. El juez Juan Carlos Checkley Soria revocó la medida de comparecencia con restricciones que la excongresista mantenía desde su excarcelación ordenada por el Tribunal Constitucional en septiembre pasado, al considerar fundado el requerimiento, quien argumentó incumplimientos graves como la inasistencia reiterada al control biométrico y a las audiencias del juicio oral.

En su resolución, el magistrado destacó que Chávez Chino habría aprovechado la libertad recuperada para refugiarse en la residencia de la Embajada de México en Lima desde el 3 de noviembre, luego de que el gobierno mexicano le concediera asilo diplomático. Checkley enfatizó la existencia de un «peligro palpable de fuga y obstaculización», recordando antecedentes como el intento inicial de dirigirse a la legación mexicana tras el golpe, el retiro irregular de equipos informáticos de la Presidencia del Consejo de Ministros y la ocultación de su teléfono celular durante las primeras horas de la investigación. Además, ordenó la inmediata ubicación y captura a nivel nacional e internacional, cursando oficios a la Policía Nacional del Perú y a la Interpol para su ejecución.

La decisión judicial se produce en un contexto de alta tensión diplomática entre Perú y México, que derivó en la ruptura de relaciones bilaterales tras el otorgamiento del asilo a Chávez. El Ministerio de Relaciones Exteriores peruano ha demorado la entrega del salvoconducto que permitiría su salida del país, anunciando consultas con miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la aplicación de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954. Esta mañana, la residencia de la embajada mexicana en San Isidro amaneció con un reforzamiento significativo del contingente policial en sus alrededores, aunque autoridades peruanas reiteraron que se respeta la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.

Paralelamente, en el ámbito político, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el jueves 20 de noviembre, con 17 votos a favor, el informe final que recomienda inhabilitar por diez años a Betssy Chávez para el ejercicio de la función pública, por infracción constitucional en el mismo caso del intento de golpe. Aunque el Pleno no alcanzó previamente los votos necesarios para la inhabilitación definitiva, persisten pedidos de reconsideración. La Fiscalía Suprema mantiene su acusación contra la expremier solicitando hasta 25 años de prisión efectiva, en un proceso que se encuentra en etapa final de juicio oral junto a otros implicados, incluido el expresidente Castillo, quien permanece recluido preventivamente.

Esta nueva medida coercitiva complica aún más el panorama para Chávez Chino, quien permanece asilada en la embajada mexicana a la espera de una resolución que le permita abandonar el territorio peruano, mientras el Poder Judicial avanza en garantizar su presencia en el proceso penal por los graves hechos que marcaron el quiebre institucional de diciembre de 2022.

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