REFORMA JUDICIAL EN MARCHA INFORME FINAL PROPONE ELIMINAR A LA JNJ..!!!!!
Escribe: Jhon Smith
La Comisión Especial de Alto Nivel Multipartidaria encargada de la Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia, presidida por la congresista María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular), aprobó este 18 de noviembre de 2025, por unanimidad, el Informe Final de la Etapa 1, un documento que plantea modificaciones constitucionales profundas para modernizar el sistema judicial peruano y que, entre sus propuestas más controvertidas, incluye la eliminación total de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como órgano autónomo actual.
El informe, sustentado tras más de 30 sesiones de trabajo realizadas desde marzo de 2025, propone reemplazar la JNJ y absorber las funciones de la Academia de la Magistratura en una nueva entidad denominada Escuela Nacional de Justicia (ENJ), con rango constitucional y autonomía plena. Esta institución sería responsable de la formación especializada, selección meritocrática, evaluación, capacitación, nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales en todos los niveles, así como de auxiliares jurisdiccionales y asistentes en función fiscal. Según explicó la presidenta Alva durante la sesión, el modelo busca transformar el acceso a la carrera judicial y fiscal en un proceso similar al de una «escuela diplomática»: los aspirantes postularían mediante concurso público de méritos, cursarían una formación rigurosa y solo los mejores egresarían con plaza efectiva, eliminando así designaciones discrecionales o «a dedo» que, a juicio del grupo de trabajo, han generado desconfianza ciudadana.
El Consejo Directivo de la ENJ estaría integrado por nueve miembros de alto perfil: representantes elegidos por el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Colegio de Abogados de Lima, las universidades públicas y privadas, y exmagistrados de reconocida trayectoria, todos seleccionados mediante mecanismos que garanticen independencia y paridad de género. El informe establece un periodo de transición: seis meses antes de que concluya el mandato de los actuales integrantes de la JNJ (que vence en enero de 2030), deberá instalarse el primer Consejo Directivo de la nueva escuela, asegurando continuidad en procesos de nombramiento y disciplina en curso.
Además de la desaparición de la JNJ, el documento propone otras reformas estructurales: la creación constitucional de un «Sistema de Administración de Justicia» que articule al Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional y la nueva ENJ bajo principios de coordinación, interoperabilidad y eficiencia; el aumento de magistrados del Tribunal Constitucional de 7 a 9 y la extensión de su periodo de 5 a 8 años; el incremento de fiscales supremos titulares de 6 a 11 para fortalecer la Junta de Fiscales Supremos; y garantías presupuestales mínimas, como asignar al menos el 4% del presupuesto nacional al Poder Judicial y blindar el financiamiento del Ministerio Público contra reducciones anuales.
El informe, que consta de cerca de 40 artículos nuevos o modificados para la Constitución, será remitido de inmediato a la Comisión de Constitución y Reglamento para su debate y eventual dictamen, antes de pasar al Pleno. Como se trata de una reforma constitucional, requerirá aprobación en dos legislaturas ordinarias consecutivas con al menos 87 votos en cada una, o 66 votos y referéndum posterior. Fuentes parlamentarias indicaron que el predictamen podría ingresar a la agenda de Constitución antes de fin de año, aunque voces de la oposición, como las bancadas de izquierda y algunos sectores liberales, ya anticipan resistencia al considerar que la eliminación de la JNJ podría interpretarse como un intento de recentralizar el control sobre la designación de magistrados, pese a las salvaguardas propuestas.
La actual JNJ, creada en 2020 como reemplazo del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura tras el escándalo de los «CNM Audios», ha enfrentado múltiples intentos de remoción o reforma en legislaturas anteriores, pero esta es la primera vez que una comisión multipartidaria logra consenso unánime en una propuesta integral que la suprime por completo. Expertos constitucionalistas consultados coinciden en que, de aprobarse, representaría la reforma más ambiciosa al capítulo de justicia desde la Constitución de 1993, aunque advierten riesgos de judicialización si se percibe afectación a la independencia judicial. El documento final será publicado en los próximos días en el portal del Congreso para consulta pública.
