PERÚ EN PIE DE GUERRA POR EL ASILO DE BETSSY CHÁVEZ QUE GENERA INDIGNACIÓN Y EXIGEN RESPUESTAS RAPIDA PARA INTERVENIRLA..!!!!

Escribe: Jhon Smith

El reciente asilo diplomático concedido por México a la ex primera ministra peruana Betssy Chávez en su embajada en Lima ha desencadenado una crisis bilateral sin precedentes, culminando con la ruptura de relaciones diplomáticas por parte de Perú el 3 de noviembre de 2025. Esta decisión, anunciada por la Cancillería peruana, se basa en la calificación del asilo como un «acto inamistoso» y una injerencia en los asuntos internos del país, argumentando que Chávez es coautora de un presunto golpe de Estado liderado por el ex presidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. Chávez, procesada por rebelión y otros delitos, se refugió en la sede diplomática mexicana, lo que ha intensificado tensiones ya existentes, como el conflicto por la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico en 2023 y la imposición mutua de visas en 2024.

Desde el punto de vista legal, el asilo se ampara en la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, de la cual tanto Perú como México son signatarios. Esta convención establece que el asilo puede otorgarse en legaciones diplomáticas por motivos políticos, y obliga al Estado territorial (en este caso, Perú) a conceder un salvoconducto para que el asilado pueda abandonar el país de manera segura, siempre que no se trate de delitos comunes. Sin embargo, la pregunta clave es si Perú puede negar este salvoconducto. Según expertos en derecho internacional, como el excanciller Miguel Ángel Rodríguez Mackay, Perú debería extenderlo para cumplir con sus obligaciones convencionales, ya que la negación podría violar el tratado y generar un estancamiento prolongado. El canciller peruano Hugo de Zela ha indicado que el Gobierno aún no ha tomado una decisión definitiva y que el tema se encuentra en análisis inicial, lo que deja abierta la posibilidad de una negativa basada en argumentos como que los cargos contra Chávez (rebelión) no califican estrictamente como persecución política, sino como un delito contra el orden constitucional. En la práctica, negaciones similares han ocurrido en la región, como en el caso de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, donde la negativa británica prolongó la situación por años.

Los escenarios que se abren son múltiples y dependen en gran medida de la postura peruana respecto al salvoconducto. En un primer escenario optimista, Perú concede el documento, permitiendo que Chávez viaje a México sin incidentes, lo que podría desescalar la crisis y abrir vías para una reconciliación diplomática gradual, aunque con relaciones enfriadas. México ha defendido el asilo como un acto legítimo conforme al derecho internacional, rechazando la ruptura como «excesiva y desproporcionada», y la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado el apoyo a figuras como Castillo y Chávez, vistas como perseguidas políticas, en línea con la política de su antecesor Andrés Manuel López Obrador. Este camino facilitaría la normalización, preservando vínculos económicos clave, como el comercio bilateral que supera los 2,000 millones de dólares anuales y el Tratado de Libre Comercio vigente desde 2012.

Un segundo escenario, más conflictivo, involucra la negación del salvoconducto por parte de Perú, lo que obligaría a Chávez a permanecer indefinidamente en la embajada mexicana, convirtiéndola en un enclave de tensión similar a casos históricos como el de Víctor Raúl Haya de la Torre en la embajada colombiana en Lima entre 1949 y 1954. En este contexto, la ruptura diplomática ya ha llevado a la expulsión de la encargada de negocios mexicana, Karla Ornelas, con un plazo perentorio para abandonar el país, pero la inviolabilidad de la sede diplomática bajo la Convención de Viena de 1961 protege a Chávez de cualquier intervención forzada. Perú ha descartado un asalto a la embajada, pero la situación podría escalar a instancias internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA) o la Corte Internacional de Justicia (CIJ), donde México podría demandar por violación de tratados. Además, el Poder Judicial peruano evalúa hoy si ordena su captura inmediata, lo que podría presionar aún más la decisión sobre el salvoconducto.

En términos de impactos más amplios, la ruptura no suspende las relaciones consulares, asegurando que los aproximadamente 20,000 peruanos en México y los 10,000 mexicanos en Perú continúen recibiendo protección y servicios, como pasaportes y legalizaciones, a través de sus consulados respectivos. Sin embargo, el canciller De Zela ha advertido que cualquier restricción unilateral por parte de México podría afectar a los connacionales, aunque se muestra confiado en que no ocurrirá. Económicamente, se prevén repercusiones en el turismo y el comercio, exacerbadas por las visas ya impuestas, y políticamente, esto podría aislar a Perú en foros regionales donde México tiene influencia, como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).