SEMANA CRÍTICA MERCADOS Y TRANSPORTISTAS ANUNCIAN PARO GENERALIZADO..!!!!!
Escribe: Jhon Smith
En el contexto de una creciente ola de inseguridad en Perú, los sectores de mercados y transportistas han convocado paralizaciones durante la misma semana de noviembre de 2025, específicamente con acciones programadas para los días 3, 4 y 6, en respuesta a extorsiones, asesinatos y demandas pendientes al gobierno, lo que genera divisiones internas en los gremios y potenciales impactos en la movilidad y el abastecimiento en Lima, Callao y otras regiones del país. Para los transportistas, el paro iniciado el lunes 3 de noviembre se centra en la región del Callao, Ventanilla, Pachacútec y Mi Perú, donde se lleva a cabo como una marcha pacífica que comienza a las 8:00 a.m. con concentraciones en puntos clave como la plaza Cívica de Ventanilla y la intersección de las avenidas Faucett y Venezuela en el Parque del Cañón del Callao, aunque en la práctica se observa un acatamiento parcial, con algunas combis y buses operando con normalidad en áreas como el óvalo Ventanilla hacia Pachacútec o el paradero Licenciados, donde las unidades circulan con flotas incompletas y esperas de más de media hora para los pasajeros, mientras que la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) reporta que los servicios convencionales y AeroDirecto funcionan sin interrupciones mayores.
En este paro regional se suman gremios locales de transportistas, respaldados por comerciantes de mercados, bodegueros, mototaxistas, familiares de víctimas de la violencia y vecinos de la zona, con empresas específicas como ETUPSA 73, Etuchisa (conocida como “Los Chinos”) y ETYSM El Cóndor SAC anunciando su adhesión no solo al día 3 sino extendiéndola al paro nacional previsto para el 4 de noviembre, en un gesto de solidaridad ante la persistente criminalidad. Las razones detrás de esta medida incluyen la exigencia de acciones concretas del gobierno contra extorsiones, amenazas y sicariato, destacando casos recientes como el asesinato del chofer de Liventur en Ventanilla y disparos contra el local de HRE Express en el mismo distrito, a pesar de acuerdos firmados con el Ejecutivo el 7 de octubre que establecían un plazo de 15 días para implementar medidas de seguridad, y cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) que indican 165 homicidios en Callao hasta el 30 de octubre de 2025. Como impacto inmediato, las instituciones educativas en el Callao han optado por clases virtuales para garantizar la seguridad y continuidad pedagógica, mientras que se anticipa una posible escalada con un paro adicional el 14 de noviembre si no hay respuestas efectivas.
Para el martes 4 de noviembre, el paro de transportistas adquiere un carácter nacional en Lima y Callao, ejecutándose principalmente mediante un “apagado de motores” simbólico como acto de duelo por los conductores asesinados, complementado con una marcha pacífica y moderada sin bloqueos ni acciones violentas para evitar vandalismo, con una duración de 24 horas y un enfoque en visibilizar la inseguridad sin interrupciones mayores en la movilidad general. Los gremios que acatarán incluyen la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú (Conet Perú), presidida por Julio Raurau, que reporta casi el 100% de empresas urbanas afectadas por extorsiones; la Asociación Nacional de Conductores Profesionales del Perú (ANCPP), que ratificó su participación en un comunicado exigiendo justicia; empresas específicas como Nueva América y Transporte Unido del Cono Este SJL (“La 50”), que paralizarán operaciones en solidaridad; y el colectivo Transportistas Unidos, liderado por Martín Ojeda, quien enfatiza la desesperación por la violencia persistente incluso bajo el estado de emergencia decretado el 22 de octubre por el gobierno de José Jerí.
Por el contrario, no se sumarán la Cámara de Transporte Urbano de Lima y Callao, cuyo presidente Ricardo Pareja Fonseca indica que el 95% de las empresas formales rechazan la medida por considerarla incoherente; gremios asociados como la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao (dirigida por Héctor Vargas), Anitra, Corporación de Transporte Urbano, Asistraca, Conecsa, Ametur y Ugtranm, que priorizan el diálogo con el gobierno; ni la Unión Nacional de Transportistas del Perú, presidida por Javier Marchese, que no fue convocada y opta por soluciones estructurales sin paralizaciones. Las motivaciones se centran en la inseguridad crónica, con extorsiones mediante amenazas telefónicas, pasquines y ejecuciones si no se paga, agravada por asesinatos recientes como el de Walter Leoncio Sandoval Castro el 24 de octubre en Callao, José Johnny Esqueche Ningles el 27 de octubre (conductor de Liventur), y un intento de disparos contra un bus de la línea 52 en Chorrillos, además de acuerdos pendientes del 9 de octubre que incluyen programas de apoyo, becas educativas para hijos de fallecidos o heridos, y beneficios para familias abandonadas. Los impactos esperados incluyen una fragmentación en el sector transporte, con afectaciones a los servicios urbanos en áreas adherentes, potenciales tensiones en el diálogo con ministerios como el de Transportes, y una presión social para una agenda nacional contra la violencia, donde gremios no adherentes colaboran en mesas de trabajo para políticas preventivas y modernización de flotas, mientras que se evalúan medidas más radicales si no hay avances.
En cuanto a los mercados, el paro nacional convocado para el jueves 6 de noviembre implica la suspensión total de labores y ventas en los centros de abastos, con una marcha pacífica que inicia a las 9:00 a.m. desde la Plaza de Acho hacia el Congreso de la República y luego al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), enfatizando el diálogo sin represión y con un enfoque en la protesta ordenada para evitar conflictos. Participarán aproximadamente 1.800 mercados minoristas a nivel nacional, liderados por la Confederación Nacional de Mercados y Comercios del Perú (Confenatm) y el Frente de Mercados del Perú, presidido por Manuel Peralta, afectando a más de 3.600 centros de abasto en todo el país, con énfasis en Lima Metropolitana (más de 1.260 mercados) y distritos como San Juan de Lurigancho (donde más del 50% de los 240 mercados enfrentan extorsión), Ate, San Martín de Porres, Villa María del Triunfo y Puente Piedra, involucrando a pequeños comerciantes minoristas, estibadores, transportistas, productores y familias dependientes, totalizando más de 4,5 millones de peruanos vinculados directamente al sector. No se sumarán los mercados mayoristas como el Gran Mercado Mayorista de Santa Anita y el Mercado Mayorista de Frutas N° 2 de La Victoria, que continuarán operando para mitigar desabastecimientos mayores.
Las razones principales radican en el 50% de mercados afectados por extorsiones de mafias que exigen pagos por «protección» con amenazas, cobros ilegales y ataques, incluyendo asesinatos y amenazas a dirigentes, generando miedo constante que impide inversiones y mejoras en los puestos, especialmente en distritos bajo estado de emergencia en Lima y Callao; adicionalmente, protestan contra los cobros desproporcionados de Sedapal amparados en el Decreto Supremo N.º 010-2019, que establece Valores Máximos Admisibles (VMA) para descargas de aguas residuales no domésticas, equiparando mercados a grandes industrias pese a no usar químicos ni contaminar, resultando en multas exorbitantes de 14-15 mil soles (o hasta 30 mil mensuales) sumadas a recibos de agua de 3 mil soles, con riesgos de taponeo de desagües, corte de servicio y problemas sanitarios si no se pagan, exigiendo una modificación para clasificarse en la escala 2 con máximo de 800 VMA.
Los impactos proyectados incluyen pérdidas económicas superiores a 500 millones de soles por la paralización, afectando el motor de la economía peruana y poniendo en riesgo el desempleo de miles de familias que operan sin seguros de salud ni beneficios laborales, trabajando desde las 4:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.; socialmente, genera desabastecimiento temporal para clientes y presión sobre el gobierno, con el Ministerio de Vivienda formando un Grupo de Trabajo Multisectorial con Sedapal y Sunass para revisar la norma y buscar proporcionalidad, aunque los comerciantes demandan la suspensión inmediata de sanciones y una resolución ministerial, advirtiendo recurrir al Poder Judicial y Ministerio Público si no hay soluciones.
