Escribe: Jhon Smith

El expresidente Ollanta Humala, condenado en abril de 2025 a 15 años de prisión por lavado de activos relacionado con el financiamiento ilegal de sus campañas electorales de 2006 y 2011 mediante fondos de Odebrecht y Venezuela, permanece recluido en el penal de Barbadillo mientras su defensa impulsa un habeas corpus para anular su detención inmediata tras el adelanto de fallo, argumentando que esta medida solo procede con la sentencia íntegra notificada, lo que no ocurrió hasta 17 días después de su arresto en la sala de audiencias. El recurso, presentado por su abogado Wilfredo Pedraza, busca no solo declarar la ilegalidad de la ejecución provisional de la pena basada en un supuesto peligro de fuga, sino ordenar su libertad inmediata pendiente la apelación de la condena, invocando precedentes del Tribunal Constitucional que prohíben detenciones sin fundamentos completos para impugnar. Inicialmente declarado improcedente por el Segundo Juzgado Constitucional de Lima en abril, el habeas corpus fue apelado y ahora se tramita en la Primera Sala Constitucional, donde, tras una discordia inicial en septiembre con votos divididos (dos por confirmar el rechazo y uno por declararlo fundado), se convocó a un juez dirimente que empató la decisión 2-2 el 27 de octubre, programando una audiencia final para el 21 de noviembre de 2025 con un quinto magistrado para resolver definitivamente.

Paralelamente, la defensa de Humala ha impulsado un segundo habeas corpus contra la sentencia misma, admitido a trámite y en proceso, que apela al reciente fallo del Tribunal Constitucional del 21 de octubre de 2025 en favor de Keiko Fujimori que anuló su investigación por lavado de activos en el caso Cócteles al considerar que los aportes de campaña no constituyen delito, argumentando similitudes en el origen de los fondos y buscando archivar el caso o anular la condena para lograr su excarcelación. Pedraza ha enfatizado que el «fondo es el mismo» que en el precedente de Fujimori, confiando en que el TC aplique criterios uniformes de legalidad, aunque el recurso es personalísimo y no vinculante automáticamente para otros procesados; este enfoque podría extenderse a figuras como Nadine Heredia o Susana Villarán, implicadas en casos similares de Odebrecht, pero por ahora se centra en revertir la reclusión de Humala, quien ya ha cumplido seis meses de pena efectiva sin resolución definitiva. La demora en resolver el primer habeas corpus ha sido criticada por Pedraza como una vulneración grave a mecanismos céleres para proteger derechos fundamentales, especialmente ante la falta de notificación reciente a la defensa, lo que intensifica la expectativa por la audiencia de noviembre y potenciales impactos en la lucha anticorrupción.

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