EL FUTURO DE FUERZA POPULAR EN MANOS DE LA FISCALÍA SOLICITUD DE ILEGALIZACIÓN..!!!!
Escribe: Jhon Smith
La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó el 18 de septiembre de 2025 ante la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia un requerimiento para declarar la ilegalidad del partido político Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, invocando el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas (Ley N° 28094), que permite la cancelación de la inscripción de un partido cuando incurre en conductas antidemocráticas.
La solicitud se basa en presuntos actos como ataques sistemáticos a magistrados, funcionarios públicos y defensores de derechos humanos, así como en la promoción de narrativas que socavan las instituciones democráticas, incluyendo el cuestionamiento a la independencia judicial y la incitación a la violencia contra opositores, en el contexto de investigaciones relacionadas con el Caso Lava Jato y otras irregularidades. Espinoza argumentó que estas acciones representan una amenaza al orden democrático, solicitando no solo la declaratoria de ilegalidad sino también la exclusión del partido de las elecciones generales de 2026 y la imposición de sanciones a sus dirigentes.
Al día siguiente de la presentación, el 19 de septiembre, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió preventivamente a Espinoza del cargo por seis meses, en el marco de un proceso disciplinario por presuntas irregularidades en su gestión, lo que generó controversias sobre posibles motivaciones políticas detrás de la medida. El Gobierno, a través de un comunicado oficial, cuestionó el pedido de la Fiscalía, argumentando que el Ministerio Público no tiene competencia para determinar qué partidos participan en procesos electorales y que esto viola la neutralidad institucional, lo que llevó a acusaciones de infracción al principio de neutralidad electoral contra el premier Eduardo Arana por parte del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro.
Expertos en derecho electoral, como José Manuel Villalobos, han señalado que, de prosperar la solicitud, la sentencia podría resolverse después de las elecciones de 2026, ya que el proceso ante la Corte Suprema implica audiencias, revisión de pruebas y posibles apelaciones, y no tendría efectos retroactivos inmediatos sobre la inscripción actual del partido. En octubre de 2025, el Poder Judicial ordenó la reposición temporal de Espinoza como fiscal de la Nación mediante una medida cautelar, pero la JNJ rechazó acatarla el 22 de octubre, ratificando la suspensión y argumentando autonomía en sus decisiones disciplinarias, lo que ha intensificado el debate sobre la independencia de los poderes del Estado. Hasta el 29 de octubre de 2025, no se han reportado avances significativos en el proceso ante la Corte Suprema, que permanece en etapa de evaluación inicial sin fecha programada para audiencia pública, aunque fuentes judiciales indican que podría demorarse debido a la carga procesal y las tensiones políticas asociadas.
Paralelamente, el 20 de octubre, el Tribunal Constitucional anuló la acusación en el Caso Cócteles contra Keiko Fujimori por lavado de activos, lo que Fuerza Popular celebró como el fin de «años de abusos» procesales, aunque este fallo no impacta directamente en el pedido de ilegalidad del partido. La situación ha generado reacciones divididas: mientras Fuerza Popular denuncia un intento de «desaparición política» orquestado por adversarios, analistas advierten que el caso pone a prueba la aplicación de la ley electoral en contextos de polarización, con posibles implicaciones para otros partidos como el vinculado a Antauro Humala, cuya ilegalidad fue solicitada en 2024 sin resolución definitiva.
