Escribe: Jhon Smith

El partido político Perú Primero ha generado controversia al inscribir provisionalmente al expresidente Martín Vizcarra como precandidato a la primera vicepresidencia de la República para las elecciones generales de 2026, a pesar de que acumula tres inhabilitaciones que le impiden ejercer cargos públicos. La fórmula presidencial del partido está encabezada por Mario Vizcarra, hermano del exmandatario, quien postula a la presidencia, mientras que Judith Mendoza Díaz figura como aspirante a la segunda vicepresidencia. Esta inscripción fue presentada el 24 de octubre de 2025 por Brigge Pozo Machado, secretaria nacional de juventudes de la agrupación, y fue aceptada por el tribunal electoral interno del partido, aunque se trata de una medida condicional que depende de una posible resolución favorable de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para suspender las sanciones contra Vizcarra.

Las inhabilitaciones de Martín Vizcarra, impuestas por el Congreso de la República, suman un total de 25 años y responden a irregularidades durante su trayectoria política. La primera, de 10 años, data de abril de 2021 y se debe al escándalo conocido como «Vacunagate», donde se vacunó en secreto contra el COVID-19 mientras era presidente. La segunda sanción, de 5 años, fue aplicada en mayo de 2022 por presuntos vínculos con empresas privadas durante su gestión como ministro de Transportes y Comunicaciones en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Finalmente, en junio de 2024, recibió una tercera inhabilitación de 10 años por la disolución del Congreso en 2019, considerada una vulneración al orden constitucional. A esto se suma que Vizcarra no está formalmente afiliado a Perú Primero ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), un requisito indispensable para cualquier postulación, aunque el partido planea regularizar su situación si se resuelve el litigio internacional.

Desde Perú Primero, el secretario general César Figueredo Muñoz ha defendido la inclusión de Vizcarra como una estrategia para salvaguardar sus derechos políticos, argumentando que el expresidente actúa como asesor de la alta dirección y es el principal referente del partido, construido en torno a su figura. Figueredo enfatizó que están a la espera de la decisión de la Corte IDH sobre una medida cautelar presentada por la defensa de Vizcarra.

Sin embargo, esta decisión ha sido duramente criticada por expertos electorales y autoridades, quienes advierten sobre un posible «engaño político» y un abuso de la ley para generar expectativas irreales entre los electores. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, ha sido enfático al declarar que candidaturas de personas inhabilitadas «no van a pasar», recordando que la inhabilitación de Vizcarra ya está inscrita en el ROP y que el ente electoral calificará las postulaciones a partir del 23 de diciembre de 2025.

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