Escribe: Jhon Smith

El presidente de la República, José Jerí, descartó la imposición de un toque de queda en Lima Metropolitana y el Callao durante el estado de emergencia declarado el 22 de octubre de 2025 por un período inicial de 30 días, con el objetivo de combatir la inseguridad ciudadana y fortalecer las acciones contra la criminalidad organizada. A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario enfatizó que, tras evaluaciones diarias en campo y considerando recomendaciones y críticas al diseño de la medida, «no se está contemplando aplicar el toque de queda», priorizando en cambio estrategias preventivas, de patrullaje intensivo, inteligencia operativa y controles focalizados en zonas de alto riesgo, sin restringir la movilidad nocturna de los ciudadanos. Jerí anunció que en los próximos días se presentará un reporte oficial con los avances de la primera semana de implementación y las mejoras que serán debatidas y aprobadas en el Consejo de Ministros, manteniendo una sesión permanente para ajustes continuos sin recurrir a medidas extremas que limiten derechos fundamentales como la libre circulación.

Esta decisión surge en medio de contradicciones internas en el Ejecutivo, ya que ministros como Vicente Tiburcio, titular del Interior, habían señalado previamente que el toque de queda «está en evaluación dentro del Consejo de Ministros» y que la determinación final dependería de análisis constantes del equipo ministerial. De manera similar, el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, subrayó que el gobierno revisa permanentemente la efectividad de las acciones adoptadas y no descarta modificaciones «cuando la coyuntura lo demande», aunque el presidente zanjó el debate al descartar explícitamente la restricción. El estado de emergencia incluye operativos conjuntos entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, con énfasis en la presencia reforzada en distritos críticos, pero el enfoque se centra en actuar con firmeza sin interferir severamente en la rutina diaria de la población.

La posible aplicación de un toque de queda generó un amplio debate entre autoridades locales y sectores económicos. Alcaldes como Jesús Gálvez de Jesús María se mostraron a favor, argumentando que «tenemos que sacrificarnos todos» para enfrentar la ola criminal, mientras que Néstor de la Rosa del Rímac rechazó la idea, proponiendo en su lugar replicar modelos de módulos de seguridad estratégica y afirmando que «no necesitamos toque de queda si sabemos cómo actuar», describiendo la situación como una «guerra» con campamentos tácticos.

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