Escribe: Jhon Smith

En medio de una creciente ola de inseguridad que azota a la capital peruana, con un incremento alarmante en casos de sicariato, extorsiones y robos que han superado los 8,500 incidentes reportados hasta septiembre de 2025 en Lima Metropolitana, el Gobierno central bajo la presidencia de José Jerí Oré ha evaluado la imposición de un toque de queda como parte de las medidas para restaurar el orden público, aunque finalmente optó por declarar el estado de emergencia en Lima y Callao sin restringir la libertad de tránsito nocturno.

Esta declaratoria, de octubre de 2025 y vigente desde el 22 de octubre hasta el 21 de noviembre, busca combatir la criminalidad organizada mediante el despliegue conjunto de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, que asumirán el control del orden interno en distritos clave como San Juan de Lurigancho, Comas y Villa El Salvador, entre otros, sin necesidad de un toque de queda que habría limitado la movilidad ciudadana. El premier Ernesto Álvarez, en declaraciones previas, no descartó la posibilidad de un toque de queda selectivo en zonas de alto riesgo, argumentando que la medida se evaluaba para garantizar la efectividad del estado de emergencia y proteger a la población de la escalada violenta, influida por bandas criminales transnacionales que operan en la ciudad.

Sin embargo, el decreto supremo enfatizó en intervenciones focalizadas, como operativos conjuntos y mayor presencia militar, respondiendo a críticas de sectores económicos que temían impactos negativos en el comercio nocturno y la vida diaria de los limeños. Paralelamente, la Municipalidad Metropolitana de Lima, liderada por el alcalde Renzo Reggiardo, ha propuesto la creación de una Policía Municipal como una iniciativa complementaria para reforzar la seguridad ciudadana a nivel local, argumentando que cuenta con alrededor de 50,000 serenos capacitados que podrían profesionalizarse y actuar en coordinación con la PNP bajo protocolos claros de intervención. Reggiardo, quien juró como alcalde recientemente y priorizó la seguridad en su agenda, presentó esta idea durante una reunión con el presidente Jerí y otros burgomaestres distritales el 14 de octubre, donde se acordaron medidas urgentes contra la delincuencia, incluyendo la posible intangibilidad del Centro Histórico y el empoderamiento de los serenazgos para tareas preventivas y de respuesta inmediata.

El proyecto de Policía Municipal Metropolitana busca no solo combatir el crimen organizado, sino también abordar problemas cotidianos como el ambulantaje ilegal y la ocupación de espacios públicos, con un enfoque en la capacitación y equipamiento de los agentes municipales para evitar duplicidades con la policía nacional. Esta propuesta ha recibido apoyo de gremios locales, pero también genera debate sobre su financiamiento y la necesidad de reformas legales para otorgarles atribuciones reales, como el porte de armas no letales o la detención temporal, en un contexto donde la Municipalidad ya declaró en emergencia la seguridad ciudadana para agilizar adquisiciones de cámaras de vigilancia y vehículos patrulleros.

Expertos en seguridad, como exministros del Interior, han calificado estas acciones como pasos necesarios pero insuficientes, advirtiendo que sin una estrategia integral que incluya inteligencia policial, inversión en prevención social y control de fronteras, el estado de emergencia podría ser solo un paliativo temporal ante una crisis que ha dejado a Lima como una de las ciudades más inseguras de América Latina. Mientras tanto, la población espera resultados concretos, con llamados a manifestaciones si las medidas no logran reducir la violencia, y el Gobierno mantiene abierta la puerta a ajustes, incluyendo el toque de queda, si la situación no mejora en las próximas semanas.

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