Escribe: Jhon Smith

El estado de emergencia en Lima Metropolitana y la provincia constitucional del Callao fue declarado por el presidente interino de Perú, José Jerí, con el objetivo de combatir el aumento de la criminalidad organizada, las extorsiones y la violencia que afecta a más de 10 millones de habitantes en estas zonas. La medida entró en vigencia a partir de la medianoche del 22 de octubre de 2025 y se extenderá por un período inicial de 30 días, marcando un cambio en la estrategia del gobierno para pasar de una postura defensiva a una ofensiva contra el crimen.

Según el anuncio oficial, esta declaratoria busca fortalecer la seguridad ciudadana mediante acciones inmediatas y coordinadas entre diversas instituciones. Entre las novedades más destacadas se incluyen operativos conjuntos de la Policía Nacional del Perú (PNP), las Fuerzas Armadas y los serenazgos municipales para un control territorial focalizado en áreas críticas, como avenidas principales, distritos vulnerables y penales. Estos operativos ya han comenzado, con intervenciones en establecimientos penitenciarios como Lurigancho, Ancón I, Challapalca, donde se han decomisado armas punzocortantes, celulares, drogas y dispositivos utilizados para extorsiones desde el interior de las cárceles. El presidente Jerí supervisó personalmente algunas de estas acciones, enfatizando que «las guerras se ganan con acciones, no con palabras».

Las medidas específicas implementadas incluyen la restricción o suspensión temporal de ciertos derechos constitucionales, como la inviolabilidad de domicilio —permitiendo a las fuerzas de seguridad ingresar a viviendas sin orden judicial en casos sospechosos y la libertad de reunión para eventos públicos. Sin embargo, se ha aclarado que no se aplicará un toque de queda general, y las reuniones familiares o eventos privados no están prohibidos, siempre que no interfieran con el orden público. Otras restricciones notables son la prohibición de que dos personas adultas viajen en una misma motocicleta lineal, una medida dirigida a reducir los delitos cometidos por sicarios en moto, y el endurecimiento de controles en penales, como la limitación de visitas, apagones eléctricos programados y la destrucción de antenas de comunicación cercanas a estos centros para impedir coordinaciones criminales desde el interior.

Adicionalmente, se ha conformado un Comité de Inteligencia para analizar datos y coordinar respuestas, junto con un refuerzo en operativos de verificación migratoria en zonas como Lima Norte, en colaboración con Migraciones y la PNP, resultando en intervenciones a extranjeros vinculados a actividades delictivas. El despliegue inicial ha incluido patrullajes en puntos estratégicos, como La Victoria y el Cercado de Lima, con presencia visible de uniformados desde las primeras horas del día, lo que ha generado escenas de calles más vacías en áreas usualmente congestionadas.

Esta declaratoria surge en un contexto de crisis política e institucional, con Jerí asumiendo el cargo hace menos de dos semanas, y responde a demandas previas de autoridades locales, como el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, quien propuso acciones más drásticas contra la inseguridad. Aunque el enfoque se centra en la delincuencia, algunas voces cuestionan si la medida podría usarse para contener protestas sociales, dado el historial de emergencias en el país. 

Hasta el momento, se reportan detenciones de decenas de personas ligadas a bandas criminales, y el gobierno ha lanzado el plan ‘Destello’ para intensificar la lucha contra la extorsión en mercados y obras de construcción.

El Ejecutivo ha enfatizado que esta es una estrategia integral para «cambiar la historia» en la seguridad, con énfasis en acciones preventivas y reactivas, aunque se mantiene la vigilancia sobre su impacto en la vida diaria de los ciudadanos. Se espera que en los próximos días se evalúen resultados iniciales, incluyendo posibles extensiones si la violencia persiste.

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