Escribe: Jhon Smith

Mercedes Aráoz, exvicepresidenta de Perú y reconocida economista, ha elevado su voz para instar al gobierno nacional a asumir un control directo y centralizado sobre la gestión de Machu Picchu, el icónico sitio arqueológico que representa el ancla turística del país. En una reciente declaración, Aráoz subrayó la urgente necesidad de una política pública clara y de largo plazo que priorice la preservación de este patrimonio cultural y natural, criticando la descoordinación crónica entre entidades locales, regionales y nacionales. Según sus palabras, «Machu Picchu es el ancla turística del Perú, y su preservación debe ser una política nacional de largo plazo», un llamado que resuena ante la vulnerabilidad del sitio, dependiente de una única ruta de acceso que lo expone a interrupciones recurrentes por desastres naturales o fallos en la infraestructura.

La exministra de Comercio Exterior y Turismo apuntó directamente a las deficiencias en la planificación actual, donde la falta de liderazgo ha permitido que conflictos locales frenen soluciones estructurales. Aráoz argumenta que, aunque existe un ente gestor que incluye al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, gobiernos regionales y locales, así como al sector privado, este organismo carece de dirección efectiva por parte del Estado central. Esta debilidad se traduce en una gestión reactiva, incapaz de abordar los cuellos de botella que afectan tanto la experiencia de los visitantes como la sostenibilidad ambiental. En este contexto, la economista destaca la importancia económica del sitio: los ingresos por venta de entradas deben reinvertirse íntegramente en mejoras de infraestructura para evitar pérdidas que, en años pasados, han impactado negativamente en la economía regional, como se evidenció en reportes del Ministerio de Cultura que registraron caídas en la recaudación debido a cierres temporales.

Entre sus propuestas concretas, Aráoz aboga por la diversificación de accesos mediante rutas alternativas, como la entrada por Santa Teresa, y la implementación de teleféricos para descongestionar el flujo turístico sin comprometer la integridad del paisaje. Además, sugiere la construcción de centros de interpretación complementarios que no solo enriquezcan la visita, sino que fomenten una gestión más educativa y sostenible. Estas ideas se alinean con la condición de Machu Picchu como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, que ha emitido advertencias previas sobre riesgos ambientales derivados de la masificación turística. Estudios del Instituto Nacional de Recursos Naturales de 2018 ya alertaban sobre estos peligros, y eventos como la inundación de 2023 que cerró la vía principal por semanas refuerzan la validez de su planteamiento, subrayando la necesidad de un enfoque nacional que integre a todos los actores bajo un mando unificado para proteger este tesoro global.

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